Superada la primera fase electoral, toca centrarnos en la segunda, que es la que afecta directamente a las Pitiüses. El ruido de las generales ha impedido poner el foco en varios asuntos trascendentales de la política local acontecidos en las últimas semanas, que ahora pasan al primer plano. A escala nacional, la irrupción de Vox ha generado el efecto contrario que pretendía: la movilización de la izquierda y una gran pérdida de fuerza para el arco parlamentario de la derecha. En Ibiza, este partido también se ha revelado como una formación tramposa y antidemocrática, ya que la Junta Electoral de Ibiza y Formentera le tuvo que retirar la credencial de apoderado a su líder y candidato al Senado por manipular sobres en un colegio.
En los comicios nacionales, la ultraderecha ha provocado una virulenta polarización en las fuerzas ideológicamente más próximas que, sin embargo, aún no parece haberse trasvasado a nivel local. Veremos qué ocurre en la siguiente campaña y cómo responden el resto de partidos pitiusos a las provocaciones que, sin duda, se irán sucediendo.
Una de las ideas recurrentes que maneja Vox en las islas es este concepto de «prohibido prohibir», que equipara la regulación de aspectos imprescindibles de la convivencia y la actividad económica a un atentado contra la libertad de negocio, cuando es justo al contrario: la garantía de que Ibiza siga siendo un destino atractivo y con personalidad.
Vox anticipó esta visión radicalmente liberal de la economía pitiusa en la presentación celebrada en una tienda de Santa Gertrudis a principios de año. Allí, por ejemplo, apostó sin ambages por una Ibiza de fiesta las 24 horas, donde el negocio discotequero -y el consecuente desfase de drogas asociado a él-, prolifere de día y de noche, en playas, montes y en cualquier otro lugar donde lo estime oportuno la iniciativa empresarial. Los daños y perjuicios que semejante anarquía provocaría sobre el turismo familiar y cultural, los negocios tradicionales y la calidad de vida de miles los vecinos -sus potenciales votantes, por cierto-, únicamente serían los efectos colaterales que habría que asumir en pro del libre mercado.
El siguiente disparate propuesto por este partido es derogar el decreto que protege las praderas de posidonia, permitiendo que los yates vuelvan a fondear libremente sobre este frágil organismo. Argumentan que lo que en realidad daña a la posidonia son los vertidos de las depuradoras, los emisarios y las plantas desalinizadoras. El desgaste que estas infraestructuras generan en el medio marino es tan obvio como el que provocan los yates con sus anclas y el movimiento de arrastre de sus cadenas. Constituye un hecho científico incontestable y perfectamente visible para cualquier persona que haya buceado sobre una pradera de posidonia donde se suceden los fondeos. Se declararon Patrimonio de la Humanidad para protegerlas, no para destruirlas y con ello degenerar la calidad de las playas, de las que vivimos todos. Negarlo es lo mismo que hace Trump con el cambio climático: una provocación sin base argumental.
En esta campaña electoral en las Pitiuses ha habido un acuerdo histórico en beneficio de los intereses generales de la isla y hay que felicitar al colectivo Prou! por haber conseguido que PSOE, PP y Unidas Podemos hayan rubricado una propuesta que define una serie de políticas para fomentar un turismo más sostenible y socialmente equilibrado. El texto firmado por socialistas y podemitas ya se ha difundido y falta conocer la literalidad del suscrito por el PP. Sin embargo, los matices, al parecer, son mínimos. La realidad es que dicho manifiesto constituye, en su práctica totalidad, un compendio de ideas que ya asumen los propios partidos en sus programas electorales desde hace años.
Sin embargo, llama la atención que no todos los partidos que aspiran a gobernar la isla hayan querido firmarlo. De la misma manera, sorprende que asociaciones y entidades con intereses particulares como Fomento del Turismo y la Asociación Ocio de Ibiza no hayan sido capaces de sumarse a un acuerdo de mínimos que responde a intereses generales.
Se habla de fomentar la agricultura, proteger el patrimonio, impedir el crecimiento urbano en zonas protegidas, fomentar el transporte público, limitar la sobreexplotación de los recursos hídricos, eliminar la oferta turística ilegal, etcétera. De hecho, las entidades que critican estos acuerdos podrían suscribir el 98% del documento sin despeinarse. El problema radica en un par de frases que, en las versiones conocidas, dicen: «Prohibir party boats y beach clubs» y «limitar al máximo la contaminación lumínica y sonora». En realidad, los beach clubs ya están prohibidos. Sobre el papel, nadie puede anunciarse bajo ese epígrafe, aunque, como tantas cosas en Ibiza, todos lo sigan haciendo. Un beach club no es más que un chiringuito de playa reconvertido en discoteca. Si se le quita la música a todo trapo pierde el sentido y las actuales ordenanzas, si se cumplieran, ya lo impiden.
«Prohibido prohibir» en realidad solo significa una cosa: déjenos hacer negocios sin límites, por encima del medio ambiente y el descanso de los vecinos. Las coincidencias entre asociaciones y determinados partidos resultan, en todo caso, tremendamente significativas.
