El proyecto de decreto por el que el personal del Servei de Salut de Balears deberá acreditar su conocimiento de la lengua catalana para poder trabajar ha originado una monumental bronca. La falta de consenso ha marcado la gestación de esta normativa, que aún está en fase de borrador. Ningún sindicato aprobó el decreto en la mesa sectorial de sanidad que se celebró a mediados de noviembre: Satse, Simebal, CCOO y CSI-F votaron en contra y UGT y USAE se abstuvieron. El PP ya ha anunciado que si logra desbancar del Govern a la coalición formada por PSOE y Més en las próximas elecciones, que se celebrarán en 2019, anulará esta normativa y eliminará el catalán como requisito para el personal sanitario. El Sindicato Médico se opone frontalmente a la exigencia del certificado del nivel B2 para los facultativos y ya se ha reunido con la gerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera, Carmen Santos, para pedirle que medie ante el Govern con el fin de que el conocimiento del catalán sea solo un mérito.
Está claro que el borrador del decreto que pretende regular la capacitación lingüística del personal del Ib-Salut es un paso más hacia la normalización lingüística en Balears, en la senda marcada por el Estatut d'Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986, que dispone que el catalán, como lengua propia de Balears, también lo es de toda la Administración pública. Está claro también que el sistema de salud no puede quedar al margen de este proceso de normalización y que los ciudadanos tenemos derecho a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales. El Govern desarrolla el decreto en cumplimiento de las leyes de 2007 y 2016 sobre el uso del catalán en la función pública de Balears, la última de las cuales ya estableció que el conocimiento de la lengua catalana es un requisito para todo el personal sanitario.
Pero tras repasar el marco legal que nos ha conducido hasta aquí -es incuestionable que el Govern está cumpliendo la ley-, nos encontramos con una realidad tozuda y preocupante: la de la falta de médicos, sobre todo, pero también de personal de enfermería, en la sanidad balear y especialmente en las islas menores. Eivissa no es nada atractiva para los especialistas: es una isla y los desplazamientos son caros y difíciles, sobre todo en temporada baja; la vivienda es carísima y apenas hay oferta asequible para todo el año, razón por la que se habilitaron habitaciones temporales para personal sanitario en el viejo edificio de Can Misses; el hospital es pequeño y no ofrece las posibilidades de crecimiento profesional que otros centros más grandes... Hay servicios en los que el Ib-Salut no logra cubrir las vacantes, como los de radiología o anestesia. Cada verano se presenta con la dificultad de contratar a los suplentes. Si es complicado cerrar contrataciones para todo el año, aún lo es más para los puestos temporales en la época en que ya es prácticamente imposible encontrar una vivienda, porque todas se destinan a los turistas. Retener a los especialistas en Eivissa y Formentera (y en el resto de Balears) es un difícil reto al que se enfrenta cada Govern, da igual de qué color político sea.
Ante este panorama, la exigencia del nivel B2 de catalán para los médicos y el personal de enfermería tiene un indudable efecto disuasorio para los profesionales de fuera de Balears, que son la mayoría, y tal como advierte el Sindicato Médico, puede ser un serio obstáculo para contratar y mantener a los especialistas. En un área tan sensible como la sanitaria, donde la falta de unos cuantos médicos en un servicio puede provocar que se disparen las listas de espera y la angustia de cientos de pacientes, aplicar una medida de semejante calado debe hacerse de forma muy cuidadosa para que las consecuencias no sean mucho peores que los beneficios que se pretenden. La falta de especialistas puede llegar a ser dramática para los pacientes en algunos servicios, como ya hemos experimentado en Eivissa en el pasado, por ejemplo, en oncología.
Garantizar una asistencia sanitaria con los niveles de suficiencia y calidad que requieren nuestras islas ha de estar siempre por delante, en la acción de gobierno, de las medidas necesarias para lograr la competencia lingüística de los profesionales, por muy necesarias y legítimas que sean. Hay que sopesar muy bien los efectos de estas medidas porque si en algún momento contribuyen a dificultar aún más la contratación y la permanencia de los sanitarios en las Pitiüses se habrá logrado un doble efecto dañino: empeorar la prestación sanitaria y abonar la falsa idea de que las políticas de normalización lingüística son nocivas y tienen efectos perjudiciales en determinados ámbitos de la Administración.
Tener en contra a los trabajadores, representados por todos sus sindicatos, y al principal partido de la oposición, el PP, no es la mejor forma de implantar un cambio que afecta a una plantilla formada por miles de personas en todas las islas que tienen en sus manos la salud de los ciudadanos.
El Govern da un plazo de dos años a quien no tenga la titulación en catalán para conseguirla. Cuando haya más plazas vacantes que aspirantes con la capacitación requerida, se podrán presentar los profesionales que no dispongan del título, pero lo tendrán que conseguir en dos años. Dos concesiones que tal como están las cosas, no parece que hayan sido suficientes para calmar los ánimos entre los profesionales, cuya opinión, sin duda, debe ser tenida en cuenta.
DIARIO de IBIZA
