El Partido Popular ha fulminado de manera definitiva la Oficina Anticorrupción de Baleares, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma que decide clausurar un organismo de control de estas características. Una medida que da carpetazo a las principales investigaciones del organismo, entre las que destaca la acusación al director general de Emergencias del actual Govern y socio del padre de la presidenta Marga Prohens, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos y que provocará que las declaraciones de bienes por parte de los miembros del Ejecutivo no sean públicas. No obstante, los populares defienden la necesidad de cerrar dicha oficina "socialista" para evitar duplicidades de funciones, creando una nueva ley deTransparencia que ha sido aprobada esta mañana en el Parlament.
La medida, que no formaba parte del programa del PP ni de su acuerdo de investidura con Vox, provoca la clausura del ente en un plazo máximo de 6 meses y cesa de manera fulminante, una vez se publique la nueva ley en el BOIB, al director Tòfol Milán, situado en el centro de la diana por parte de los populares. Respecto a las más de 200 denuncias pendientes de resolver por parte del organismo, todos los expedientes se remitirán a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la conselleria de Función Pública, que se encargará de enviarlos «al órgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda".
Caducidad de expedientes
No obstante, de estas denuncias abiertas, la nueva ley determina la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos con el objetivo de que sean posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. "Se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes", expresa la normativa.
De esta forma, la normativa empieza a contar "desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones", lo que supone que la investigación que apunta al actual director de Emergencias, socio del padre de Prohens, acusado de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos, abierta en un principio en 2020 quedará totalmente caducada y, por ende, archivada.
Nueva ley de "transparencia"
El cierre de la Oficina Anticorrupción y la creación de una nueva ley de "transparencia" también provoca que a partir de ahora las declaraciones patrimoniales de los miembros del Govern tendrán "carácter reservado", quedando registrado quién pueda acceder a las mismas. Un registro que no incorpora régimen sancionador respecto a las declaraciones. Asimismo, también se suprimen las denuncias anónimas por parte de los ciudadanos.
