Sánchez abre la puerta a recortar los plazos de instrucción para atraer a Junts a la amnistía

“Hay margen para mejorar la ley de amnistía”, ha señalado este lunes Pedro Sánchez. Convencido como está de que la medida de gracia se acabará aprobando tras el freno que impuso Junts la semana pasada, votando en contra de la norma porque consideraba que dirigentes como Carles Puigdemont no quedan lo suficientemente blindados, el presidente del Gobierno continúa desplegando un discurso conciliador con los posconvergentes. Sánchez no ha sido muy concreto a la hora de explicar cómo se podría cambiar la norma que dará carpetazo judicial al procés, pero sí ha abierto la puerta a una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de los procedimientos de instrucción.

“Yo creo que también hay un elemento de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Hay elementos que podemos incorporar de mejora y subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, ha señalado el jefe del Ejecutivo, durante una entrevista en la Sexta, en referencia a Junts.

El cambio normativo, si llega a materializarse, también implicaría un nuevo viraje en el discurso de Sánchez, que tras las elecciones de julio, al comprobar que necesitaba el apoyo de Junts para la investidura, pasó de asegurar que la amnistía no se podía aprobar en ningún caso por ser inconstitucional a abrazar la iniciativa como vía para alcanzar el “reencuentro total” en Cataluña. Fue el PP, que este lunes ya ha expresado su oposición a reformar la ley de enjuiciamiento criminal, el que impulsó en 2015 fijar plazos máximos a la instrucción de las causas penales. El PSOE, ya con Sánchez como secretario general, votó en contra. Cinco años más tarde, después del archivo de varios procesos por falta de tiempo, los socialistas apoyaron una iniciativa abanderada por Podemos para acabar con esos límites.

Hay dos instrucciones judiciales que se encuentran en el centro de este debate. Por un lado, la que lleva a cabo en la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien investiga por terrorismo, dentro de la causa del Tsunami Democràtic, a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Por otro, la del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga las presuntas conexiones del entorno del expresident de la Generalitat con Rusia, un esfuerzo que podría desembocar en la acusación de alta tradición, delito que, al igual que el de terrorismo, queda en estos momentos fuera de la amnistía, en contra de los deseos de Junts. 

A diferencia de lo que hacen en privado dirigentes del PSOE, Sánchez ha evitado criticar a estos jueces. Pero también ha sido claro sobre la imposibilidad de incluir el terrorismo dentro de la norma, porque contravendría la Carta Magna y sería anulada por el Tribunal Constitucional.  

"Templanza y firmeza"

“Hemos llegado a una ley valiente, reparadora y constitucional. Estoy convencido de que va a salir adelante y será 100% constitucional. Es un momento de templanza y firmeza. Hay que ser conscientes de que hemos alcanzado un acuerdo plenamente constitucional y alineado con el derecho europeo. Este acuerdo va a cubrir todos los supuestos que incumben al movimiento independentista. El independentismo no es terrorismo”, ha insistido el presidente del Gobierno, con unas palabras similares a las del jueves pasado, que sentaron muy bien en Junts.

Sánchez, que se ha mostrado convencido de que agotará la legislatura aunque se rompan los puentes con Junts (una hipótesis que por el momento no contempla), no cree que haya que hacer nuevos cambios en la ley de amnistía, que ya fue pactada en la comisión de Justicia del Congreso con Junts y ERC. Pero admite que es necesario moverse, ahora que la norma ha vuelto a este organismo parlamentario, donde los grupos volverán a negociar durante las próximas semanas. 

“No es nuestra intención tocar el texto. Ahora bien, entre todas las formaciones políticas tendremos que buscar una solución”, ha dicho. Dentro de esa posible “solución”, ha subrayado, no se incluye una reforma del delito de terrorismo en el Código Penal para que puedan beneficiarse de la medida de gracia los investigados por el Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR).