El CGPJ exige al Congreso que evite las descalificaciones a jueces durante las intervenciones de los diputados

El Consejo del Poder Judicial responde de forma unánime a las últimas manifestaciones públicas de la clase política contra jueces y magistrados, en especial contra Manuel García Castellón por su instrucción sobre Tsunami Democràtic y los posibles delitos terroristas por los que apunta al expresident Carles Puigdemont. "Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", señalan en el acuerdo aprobado este lunes por el Pleno.

El propio presidente del Consejo ya incidió la semana pasada en la necesidad de que los políticos "dejen en paz" a los jueces. Ahora, tras una reunión celebrada a petición de nueve de los vocales que integran el sector conservador del órgano se ha aprobado un nuevo comunicado.

Para los vocales, el hecho de que los diputados y diputadas se encuentren especialmente protegidos por inviolabilidad parlamentaria "no le resta gravedad a su actuación". En este punto aluden que durante el debate de la ley de amnistía se vengan produciendo acusaciones de lawfare y "la velada posibilidad de establecer comisiones de investigación" sobre dichos supuestos.

Durante el Pleno del Congreso de la semana pasada, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron concretamente al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el 'procés'; al juez García Castellón al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el 'caso Voloh'.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de "jueces prevaricadores" y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada 'morada' Martina Velarde advirtió sobre una "ofensiva judicial salvaje" contra la futura amnistía apuntando al "sector reaccionario judicial" y, en concreto, a García Castellón. Desde Sumar, Gerardo Pisarello habló de "un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal" en 'Kitchen', para después referirse directamente a García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñarritu no se refirieron a jueces con nombres y apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre "movimientos oscuros" procedentes del ámbito judicial. Tras ello, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán pidió a la presidenta de la Cámara Baja que llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que la presidenta de la Cámara Francina Armengol no atendió, si bien recordó que había pedido a todos los diputados que guardaran "el debido decoro".

Jueces europeos

En respuesta a todo ello, los vocales rechazan "con toda firmeza" las manifestaciones realizadas y subrayan que "el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los Poderes del Estado". Aluden en este punto al Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que señala que ante una injerencia los poderes del Estado deben cooperar "con lealtad para restablecer el equilibrio".

Salvaguarda de valores

Así, distinguen entre la crítica legítima y la "falta de respeto y presiones inadecuadas" y recuerdan que la independencia judicial "es una pieza clave del Estado de Derecho", por lo que su defensa es imprescindible en el marco de los "valores en que se asienta la Unión Europea". "Su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado", insisten.

El pasado 19 de enero, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ya expresó su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que eran "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que pidió "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia". No obstante, el Pleno solo se había pronunciado hasta el momento sobre las acusaciones de 'lawfare' --guerra sucia judicial-- contra jueces y magistrados.