¿Cuándo podrá volver Carles Puigdemont a España?

Una de las preguntas más recurrentes de la política catalana y, en general, de la española es cuándo volverá a España el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Dado el tiempo que ha permanecido fuera del país y la cercanía de la promulgación de una amnistía del 'procés', no parece que vaya a adelantar su vuelta sin tener la seguridad de que no será detenido, y eso solo puede producirse cuando la norma que establece el perdón entre en vigor.

Tanto la legislación vigente como la proposición de ley de amnistía coinciden en que en el momento que se aplique esta, las órdenes nacionales de detención que aún hay dictadas contra Puigdemont y el otro eurodiputado que huyó de la justicia española, Toni Comín, decaerán. De tal forma que en cuanto el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena proceda a concluir el sumario que instruye por el 'procés' respecto de los procesados declarados en rebeldía y eleve las actuaciones a la Sala de lo Penal para que proceda a su archivo, según prevé la amnistía, las órdenes quedarán suspendidas.

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Será la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, la que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, si duda de la constitucionalidad de la norma que debe aplicar. El artículo 35 de la ley reguladora del órgano de garantías prevé la paralización del procedimiento por el que se ha producido la consulta de los jueces, porque necesitarán de la respuesta del Constitucional para dar el siguiente paso. Los recursos de inconstitucionalidad que puede presentar el PP o asociaciones no paralizan la aplicación de la norma impugnada. Esa facultad solo la tienen los recursos del Gobierno contra normas autonómicas, cuando el Ejecutivo lo pide expresamente

Peor los condenados

Pero esa paralización no afecta a Puigdemont y Comín, puesto que las órdenes de detención habrán decaído antes, cuando el sumario estaba aún en manos del juez Llarena. A los que sí puede afectar esa paralización es a los condenados del 'procés', con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza.

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Fuentes del Supremo y del Constitucional consultadas por El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, sostienen que la paralización prevista en la ley reguladora del Constitucional es independiente del plazo de dos meses máximos para la aplicación de la amnistía que la ley imponía a los jueces, porque no se puede avanzar en un procedimiento en el que se ha tenido que elevar una consulta que solo puede ser respondida por el máximo intérprete de la Carta Magna.

Como las órdenes de detención dictadas habrán decaído, los que estaban huidos podrán regresar a España sin riesgo alguno de ser arrestado, pero los condenados pueden tener que seguir cumpliendo la inhabilitación impuesta durante unos meses, mientras el Constitucional se pronuncia sobre si la ley se ajusta a la Carta Magna y tiene que ser aplicada conforme salió de las Cortes.

Próximas elecciones

A diferencia de las penas de prisión, que tienen prioridad a la hora de ser revisadas, las de inhabilitación se entiende que no suponen un excesivo problema para los condenados, por lo que se tardan más en revisar. Pero, en este caso, al tratarse de políticos de primera línea, la aplicación de la amnistía puede significar poder encabezar una lista o tener que esperar a las siguientes elecciones para retomar la actividad que desarrollaban hasta que decidieron apostar por la unilateralidad.

De tal forma que si el Tribunal Constitucional tarda unos meses en pronunciarse sobre las cuestiones de inconstitucionalidad que se prevé que los jueces y tribunales españoles le planteen, podría ocurrir que Puigdemont pudiera concurrir, por ejemplo, a las próximas europeas y Junqueras, no.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario descartan que la posibilidad de que el expresidente catalán tenga el DNI caducado pueda ser un problema para volver a presentarse a las elecciones europeas, porque al ser únicamente una forma de identificación, podría concurrir con el pasaporte. Eso si para entonces la amnistía no es ya un hecho y puede volver a España sin riesgo alguno de ser detenido.

Y ello con independencia de la decisión que adopte el alto tribunal respecto de la exposición razonada elevada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para asumir la investigación de Tsunami Democràtic e imputarle, dada su condición de aforado, al ser eurodiputado. Este procedimiento está incluido entre los que entran dentro de la amnistía, que prevé el perdón de las causas seguidas por terrorismo en las que no se haya dictado sentencia firme. Solo son dos: Tsunami y los CDR para los que el fiscal pide hasta 27 años de cárcel.