Los sindicatos de Justicia rechazan volver a los juzgados y exigen a Llop que regule el teletrabajo

Los sindicatos que representan a los funcionarios de los juzgados y tribunales y una de las asociaciones profesionales que reúne a los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) recibieron con sorpresa el pasado viernes una Circular del Mininisterio de Justicia que señala que "deberán acudir a cada centro de trabajo el 100 por cien de los efectivos", no siendo posible ejercer modalidades de teletrabajo en tanto no se apruebe su regulación específica al respecto. Pese a la finalización de la pandemia, la realidad es que en algunos órganos judiciales, de manera desigual según territorios, se mantenía un sistema de trabajo a distancia que desde el departamento liderado por Pilar Llop consideran que ya no tiene razón de ser.

La comunicación ha causado el enfado en las organizaciones profesionales, que exigen que el teletrabajo se regule de forma permanente para avanzar en la conciliación de este colectivo y no perder los derechos adquiridos. Hasta el momento, se habían acogido a esta modalidad 30.000 de los 50.000 funcionarios dependientes de este ministerio, que venían trabajando a distancia una media de dos días a la semana, según datos aportados por CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios.

La Circular ministerial recuerda que el pasado 4 de julio se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaraba la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 y añade que la finalización de las medidas especiales en los juzgados a causa de la pandemia "debió haberse producido con carácter inmediato tras la aprobación de la citada orden del Ministerio de Sanidad". Sin embargo, desde el Ministerio se ha constatado "la existencia de diferencias en su mantenimiento en los distintos ámbitos territoriales", y esta es la razón por la que se ha dictado la reciente "circular informativa a los efectos correspondientes".

No solo con cita previa

Además de obligar a estar presente en el juzgado al cien por cien de los funcionarios, el Ministerio recuerda que "la atención presencial debe quedar garantizada siempre y en todo caso durante el horario de audiencia pública, "sin que pueda restringirse dicha atención presencial a los supuestos en que se haya obtenido cita previa", que podrá seguirse utilizando siempre que ello redunde en una mejor organización.

Para Comisiones Obreras y el sindicato de trabajadores de Justicia STAJ, "la pretendida justificación jurídica" que utiliza el Ministerio es "irrisoria" teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas covid y que desde entonces ellos han venido exigiendo al Ministerio la aplicación de un acuerdo alcanzado en marzo de 2021 que permitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia. 

"Pero no, ha preferido una vez más acudir al dictado de una orden unilateral, sin comunicarla previamente a su traslado a los LA y Secretarios de Gobierno, y sin dar otras opciones menos drásticas para los intereses de la conciliación de la vida laboral y familiar de aquellos trabajadores que tienen esta opción de trabajo y que, en un momento crucial, fueron los primeros que dieron un paso al frente para seguir prestando el servicio público de la Justicia en un momento en que la Administración se cerró a la ciudadanía", lamenta CCOO en un comunicado.

Por ello, este sindicato considera "urgente e imprescindible la regulación del teletrabajo", y que ello se haga "de forma negociada y pactada, en dónde todo el personal de la Administración de Justicia pueda acceder al mismo si lo desea, y en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna, sin dejar en los LAJs ninguna decisión sobre qué personas teletrabajan", advierten. 

CSIF rechaza igualmente esta medida, porque considera que discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho. Añade el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 recogía el trabajo a distancia del ‘trabajo a distancia, y que el acuerdo de coalición de Gobierno recientemente alcanzado entre PSOE y Sumar recoge esta medida.

Por su parte, desde la Unión Progresista de letrados de la administración de Justicia critican también que la Circular no establezca una regulación alternativa. "Entendemos que es un grave paso atrás para la Administración Pública, por parte de un Ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista en torno a la modernización y digitalización", agregan.

Recuerdan también los letrados que para facilitar el teletrabajo que se desarrollaba hasta este momento "se ha sustituido con gran coste económico decenas de miles de equipos informáticos por todos los Juzgados y Tribunales del país, generalizando los ordenadores portátiles para LAJ y funcionarios de la Administración de Justicia en lugar de las tradicionales torres de sobremesa".

"Reduce la contaminación"

Defienden con ello que "el teletrabajo ha llegado para quedarse porque supone un gran ahorro de tiempo, un gran ahorro de energía que reduce además la contaminación, permite la flexibilidad y la autonomía del trabajador lo cual ayuda a cumplir sus objetivos, mejora la motivación, la productividad, mantiene el compromiso con la conciliación laboral y la natalidad, permite la integración de las personas con discapacidad, reduce los costes laborales a la Administración y optimiza el tiempo de trabajo".

Advierten también que Llop introduce además otra "desigualdad injusta entre trabajadores" porque se veta el teletrabajo para los LAJ en todo el territorio nacional y para los funcionarios de la Administración de Justicia que son de su competencia," pero se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas".