La fiscalía apoya por primera vez que se investiguen las torturas del franquismo en Via Laietana

"La comisaría de la Via Laietana es el agujero negro de la represión del franquismo", aseguró a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, el sindicalista Carles Vallejo, que fue detenido y torturado en esas dependencias policiales entre el 17 de diciembre de 1970 y el 5 de enero de 1971. La Fiscalía de Barcelona ha pedido ahora al juzgado que se investiguen las torturas de la policía franquista invocando por primera vez la nueva ley de memoria democrática, en vigor desde octubre de 2022, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la amnistía de 1977 impedía perseguir. Es la primera vez que la fiscalía se pronuncia a favor de perseguir los crímenes de lesa humanidad y de torturas desde que se aprobó esta legislación. "Es un primer paso importante", ha celebrado Vallejo, que preside la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme y cuya vocación es que su proceso abra la puerta a muchos otros.

En el informe presentado ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, la fiscalía, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, apoya la admisión a trámite de la querella presentada en noviembre de 2022 por Vallejo, con el espaldarazo de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, contra seis policías franquistas. Y es que la nueva ley de memoria democrática, según el ministerio público, impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, "el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario" ocurridas durante la Guerra Civil española, la dictadura y desde la muerte de Francisco Franco hasta la entrada en vigor de la Constitución. La fiscalía considera que "los hechos pueden revestir los caracteres de crímenes contra la humanidad", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Nuevo informe

Con este marco normativo y el análisis de la jurisprudencia estatal e internacional, la fiscalía sostiene que procede a la admisión de la querella, ya que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento judicial. La acusación pública recuerda en su informe la obligatoriedad de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el de saber la verdad y el de la reparación de las víctimas, puesto que son "articuladores" del derecho internacional de los derechos humanos y de la propia ley de memoria democrática. La titular del juzgado deberá ahora decidir si admite o no a trámite la querella.

Este informe rectifica uno anterior presentado en junio por la misma fiscalía en el que se pronunciaba de forma totalmente opuesta. Es decir, consideraba que los hechos denunciados, ocurridos en 1970 y 1971, habían prescrito por el paso del tiempo, que por entonces no existía el delito de torturas y que la ley de amnistía de 1977 impedía remover el pasado, sin citar la ley de memoria democrática. Ahora la fiscalía opina que esa normativa "supone un nuevo escenario", según el texto entregado ahora al jugado, a la vez destaca los nuevos argumentos expuestos "no solo abunda en la garantía del derecho a la justicia, sino también del derecho a la verdad".

Detenido en la puerta de su casa

Vallejo fue detenido el 17 de diciembre de 1971 en la puerta de su casa en el Poblenou. Llevaba en su macuto un poema de Rafael Alberti. "Ellos serán los seis clavos, los últimos, de esa España que solo sabe de muerte”, rezaban los versos del poeta por los seis jóvenes vascos condenados a muerte por Franco en el ‘Proceso de Burgos’. Por ello y por formar parte de Comisiones Obreras, el PSUC y el Sindicato Democrático de Estudiantes, fue arrestado, torturado en la comisaría de Via Laietana y condenado por “propaganda ilegal”. Sufrió 20 días de malos tratos continuos.

52 años después de su detención, y a raíz de la aprobación de la nueva ley de memoria histórica, Vallejo, que preside la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, presentó querella por crímenes de lesa humanidad, una acción que forma parte de la ofensiva para poner fin a la impunidad y lograr que la prefectura de la Policía Nacional en Barcelona se transforme en un espacio de memoria.

La querella se dirige contra Vicente Juan Creix (fallecido), que fue comisario jefe de la Policía en Via Laietana durante el franquismo; Genuino Navales (fallecido), comisario de ese mismo centro; y contra otros cuatro inspectores, uno de ellos también muerto. A todos ellos, Vallejo les acusa de crímenes de lesa humanidad por torturas. La entidad Irídia subrayó en su día que el Estado “tiene el deber de investigar los crímenes” e “identificar y reparar a sus víctimas”, y lamentó que entonces no se hubiera llevado a cabo “una sola investigación efectiva de los crímenes del franquismo”.

Esta entidad de derechos humanos ha valorado este jueves "muy positivamente" que un poder del Estado "esté trabajando activamente, por fin, para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo". La 'consellera' de Justícia, Gemma Ubasart, ha recordado, por su parte, que la Generalitat se ha personado como acusación popular "para reforzar la causa" y que con la acción de la fiscalía se "abre una brecha de justicia y reparación".