El CGPJ pierde a su presidente progresista en julio con la jubilación de Mozo y acentúa la 'sangría' de vocales sin renovar

El próximo verano, si se mantiene la situación de bloqueo para renovar el Consejo del Poder Judicial --como parece lo más probable tras la ruptura de la negociación entre PSOE y PP-- el órgano de gobierno de los jueces perderá a otro de sus miembros al cumplir 72 años el actual presidente suplente, Rafael Mozo, lo que le obliga a renunciar.

El sector progresista minoritario, ya muy mermado tras la dimisión hace un mes de la vocal Concepción Sáez, perderá además influencia porque la presidencia que hasta ahora ostentaba Mozo, aunque de forma provisional, corresponderá al siguiente vocal con más edad, Vicente Guilarte, que forma parte del grupo conservador mayoritario.

La salida de Mozo se formalizará el próximo 19 de julio, que es cuando el magistrado de la Audiencia Nacional alcanza la edad máxima para seguir siendo juez. El asunto se trató en la Comisión Permanente del pasado jueves, que quedó enterada de una propuesta del Servicio de Personal Judicial en relación con la jubilación forzosa del actual presidente suplente por cumplimiento de la edad legalmente establecida.

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Cuando esta situación se produzca ya serán solo 16 los miembros en activo de este órgano (deberían ser 20 más el presidente), que ha ido perdiendo vocales que no han podido ser sustituidos desde que concluyó su mandato cinco años en diciembre de 2018. El primero, en marzo del pasado año, fue Rafael Fernández Valverde, que había sido designado a propuesta del PP y cuyo puesto quedó vacante después de que el Congreso de los Diputados alegara que su sustitución no era posible precisamente por encontrarse el órgano en funciones.

Jubilaciones, fallecimientos y renuncias

El 30 de junio se produjo otra baja, esta vez en el sector minoritario, por el fallecimiento de la vocal designada a propuesta del PSOE María Victoria Cinto, quien tampoco fue sustituida. La salida con mayor repercusión, cuatro meses después, fue la del presidente Carlos Lesmes, hastiado de que la falta de acuerdo político prolongara la situación de interinidad de un órgano al que se impide realizar funciones esenciales como son los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y otras plazas en la cúpula judicial.

Hace un mes, y por razones similares de falta de perspectiva de renovación, se produjo otra dimisión, la de Concepción Sáez. Se trataba de la única vocal designada en su día a propuesta de IU y se hizo efectiva el pasado 18 abril tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Tras este episodio, el vocal también progresista Álvaro Cuesta intentó un acuerdo para una dimisión en bloque que concluyó en un rotundo fracaso.

Así las cosas, y si un acuerdo inesperado no lo remedia, el 19 de julio saldrá Mozo, aumentando la 'sangría' de vocales y reduciendo a un grupo de apenas seis los de sensibilidad progresista de este órgano, frente a diez vocales designados a propuesta del PP.

Mozo llegó a la presidencia del Consejo del Poder Judicial de modo inesperado el pasado 13 de octubre, después de que Lesmes dimitiera y el Pleno del órgano rechazara aceptar de forma automática que la presidencia pasara al presidente de la Sala Primera (de lo Civil) del Supremo, Francisco Marín Castán, como proponía el informe técnico encargado por el propio expresidente poco antes de dimitir. 

El acuerdo alcanzado entonces se aplicará de nuevo cuando Mozo se jubile, según las fuentes del Consejo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y consiste en designar presidente al vocal de más edad que en cada momento forme parte del Pleno, lo que en julio corresponderá al abogado y catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte. Al igual que ocurrió con Mozo, el nuevo presidente verá "supervisadas" sus atribuciones al no considerarse el suyo un nombramiento, sino una suplencia.

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Esta limitación fue la condición puesta por la gran mayoría de vocales nombrados a propuesta del PP para asumir en su día la opción de los progresistas y aupar a este magistrado con plaza en la Audiencia Nacional en vez de aceptar de forma automática que la presidencia pasara a Castán. Según dicho acuerdo, al suplente se le exige que propicie "el diálogo interno y la consecución del consenso con los demás vocales", en particular en materia económica, de personal y comunicación.

Salida de Virolés

Por otra parte, la última Comisión Permanente dio también cuenta de otra propuesta en relación con la jubilación forzosa, también por cumplir 72 años, de la actual presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Rosa María Virolés, que se producirá también en julio, un día antes de la salida de Mozo.

Cuando esta jubilación sea efectiva, serán ya 23 las vacantes originadas en el Tribunal Supremo por jubilaciones o salidas a destinos privados, lo que supone más de una cuarta parte del total de 79 magistrados que deberían componer el órgano. Ninguna de las salas cuenta ya con todos sus magistrados -la última en sumar un hueco, desde el pasado 13 de abril, ha sido la de lo Penal, tras la jubilación de Miguel Colmenero-, aunque las más afectadas son la de lo Social y sobre todo la especializada en Contencioso-Administrativo.

De proseguir la actual situación, antes de que termine el año, el Supremo tendrá al menos otra baja más. No obstante, entre los vocales y los miembros del alto tribunal crece en los últimos días la esperanza en que, una vez superada la cita electoral del próximo 28 de mayo, pueda abrirse una nueva 'ventana de oportunidad' para el acuerdo político que permita renovar de una vez del Consejo. "Hay rumores, pero todo dependerá de los resultados", admite una de las vocales consultadas, que añade que son conscientes de que la cercanía de las elecciones generales siguen suponiendo un obstáculo.