Suscríbete

Diario de Ibiza

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Espionaje al Gobierno

La Audiencia Nacional tuvo en cuenta la cumbre de la OTAN y las andaluzas para citar a Bolaños por el caso Pegasus

El sistema de videoconferencia es el preferido del magistrado y el que utilizó para interrogar a De Guindos en el caso del Popular

Félix Bolaños. EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama quiere hacer las cosas bien en la investigación que ha iniciado para determinar el origen de las intromisiones detectadas en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Malaska, así como el intento del de Luis Planas. Por eso a la hora de fijar la declaración del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se tuvo en cuenta que interfiriera los menos posible en su actividad diaria.

Para ello, según señalan fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, diario que integra el grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, se cuidó para que no coincidiera ni con la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de mes ni con las elecciones andaluzas del día 19. De ahí que finalmente se fijara para el 5 de julio.

Los miembros del Gobierno pueden declarar ante los jueces por escrito, para evitarse el desplazamiento a la Audiencia Nacional, pero el juez Calama no es partidario de esta opción, ya que priva de la posibilidad de repreguntar y del principio de inmediatez. En su lugar, según dichas fuentes, prefiere la videoconferencia, como hizo con el exministro del PP Luis de Guindos cuando declaró ante él en el caso Popular. De Guindos era entonces vicepresidente del Banco Central Europeo e intentó sin éxito declarar por escrito.

Mayor colaboración

Tras conocer su citación el ministro Bolaños aseguró que colaboraría todo lo posible con la justicia, porque el Gobierno es el primer interesado en que se determine el origen de los ataques, como demuestra el hecho de que denunció lo sucedido a través de la Abogacía del Estado, que aportó el informe realizado por el Centro Criptológico Nacional en el que se situaban las intromisiones sufridas por Sánchez el 19 y el 31 de mayo y en junio, las de los ministros.

Y esa predisposición a colaborar casaría mal con elegir la declaración por escrito, porque impide que el magistrado y el representante del ministerio público, que en este caso es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, puedan repreguntar para aclarar cualquier duda que les pueda surgir a raíz de sus palabras.

Cualquier acusación podrá ejercer la acción popular si solicita personarse en el procedimiento, pese al rechazo de la Generalitat

decoration

Cuándo denunciar

Fuentes jurídicas destacan la importancia de la declaración de Bolaños, porque completa el círculo de las personas que pueden tener alguna responsabilidad en velar por la seguridad de los miembros del Ejecutivo y puede aclarar por qué transcurrió tanto tiempo entre los ataques y el momento en que el Ejecutivo denunció lo sucedido.

Hasta ahora el magistrado ha tomado declaración a la que era directora del CNI cuando estalló el caso Pegasus, Paz Esteban, quien contestó a todas las preguntas que le fueron formuladas, pero no pudo aclarar por qué se denunció el 2 de mayo, a través de una rueda de prensa ofrecida por el propio ministro de Presidencia. También ha comparecido el responable del servicio criptológico que examinó las intromisiones en los terminales.

Entre las diligencias que tiene pendientes el Juzgado Central de Instrucción número 4 está viajar a Israel para poder tomar declaración allí como testigo al máximo responsable de NSO Group, la empresa propietaria del software Pegasus. En el viaje acompañarán al magistrado el fiscal jefe Alonso y el representante de la Abogacía del Estado adscrito al caso, porque de momento no hay ninguna otra parte personada.

Cualquier colectivo

Las fuentes consultadas señalan que esa circunstancia puede cambiar siempre y cuando una asociación o colectivo solicite su personación en el procedimiento para ejercer la acusación popular. Explican que la de la Generalitat fue rechazada porque la acción popular no está previsto para este tipo de instituciones, el magistrado no apreció la más mínima posibilidad de que el espionaje en el que se basaba para solicitarla, el que según el Citizen Lab afectó a unos 60 independentistas, tuviera el mismo origen que el investigado en la causa: el que afecta a los miembros del Gobierno central.

La entonces directora del CNI aseguró en la comisión de gastos reservados que los servicios de inteligencia habían estado detrás de los ataques registrados en los terminales de 18 de ellos, entre los que se encontraban el del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el abogado Gonzalo Boye, entre cuyos clientes figuran los 'expresidents' Carles Puigdemont y Quim Torra.

Compartir el artículo

stats