La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, debatirá esta tarde si recomienda el cierre del interior de la hostelería a partir de las 23 horas si se encuentra en un territorio en riesgo medio de COVID-19 y con alta presión hospitalaria.
La propuesta, según han confirmado fuentes sanitarias, se activaría cuando se superara la incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes por COVID-19 y hubiera una presión asistencial considerable en los hospitales y en las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI).
"Se trata de dotar de más relevancia a la situación hospitalaria en la evolución de la pandemia. El punto clave es el tema hospitalario, porque ahora mismo la mayoría de contagios se producen en niños menores de 11 años, que no van al hospital", explican estas fuentes, que precisan que se trata "prácticamente" del mismo 'semáforo' de medidas que se debatió la semana pasada en la Comisión, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo.
El documento que se debatirá hoy, propuesto por la Ponencia de Alertas, recoge también la propuesta de cerrar el ocio nocturno a las 01.00 horas, y bailando siempre con mascarilla. En los locales de hostelería, como restaurantes, bares o cafeterías, también se debería restringir la ocupación máxima de las mesas hasta 10 personas o el 50 por ciento del aforo en zonas interiores.
En el caso de riesgo alto, cuando se produce una incidencia por encima de 300 y la presión asistencial es aún mayor, la propuesta a debatir expone que no se cerrarían los interiores de la hostelería, sino que podrían abrir al 25 por ciento de aforo, con seis personas por mesa pero cerrando a las 23.00 horas. En riesgo extremo, con una incidencia por encima de 500, sí se cerraría el interior de la hostelería.
Con esta actualización, España se encontraría en riesgo medio en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, ya que se sitúa por encima de 100, pero no cumpliría los parámetros en la ocupación hospitalaria, que aún se mantiene en el 2,33 por ciento en el caso de las camas hospitalarias y en el 5,70 por ciento en las UCI.
Por otra parte, en la Comisión se tratará la vacunación con una tercera dosis a los mayores de 60 y al personal sanitario y sociosanitario, tal y como acordó la semana pasada la Ponencia de Vacunas y anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tercera dosis
Además, Salud Pública estudiará esta tarde si administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población general mayor de 60 años, a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a otros usuarios de centros distintos a las residencias especialmente vulnerables.
Los directores generales del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas analizarán la propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas para dar un refuerzo a los sexagenarios y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de los centros de atención primaria y hospitalaria.
Fuentes de la Comisión han añadido a Efe que en el orden del día también tienen la cuestión de aplicar esta tercera dosis a personas internas en centros sociosanitarios y sanitarios diferentes a las residencias de mayores, como centros de discapacidad.
De aprobarse, todos ellos recibirán una inyección de Pfizer o media de Moderna, también el colectivo de personas de 60 a 69 años que en su inmensa mayoría recibieron en su día una doble pauta de AstraZeneca.
Hasta la fecha, el refuerzo está destinado en España a los mayores de residencias y a los de más de 70 años que no viven en estos centros; se administra al menos seis meses después de la segunda, un plazo que se reduce a la mitad, tres meses, para todas las personas que han sido vacunadas con Janssen.
Las personas de muy alto riesgo por encontrarse en situación de gran inmunosupresión por patologías subyacentes o por estar sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras, reciben una dosis adicional pero en su caso para completar su pauta, ya que podrían tener una respuesta inmune inferior a la de la población general.
Al margen de la tercera dosis, Sanidad y comunidades tienen pendiente de aprobación la actualización del denominado semáforo covid; en el borrador que discutieron la semana pasada, los técnicos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas.
En el debate del Ministerio y las comunidades también colea el pasaporte covid que reclaman varias autonomías; por ahora se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, aunque la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.
Después de que una de sus principales defensoras, Euskadi, haya visto este lunes como el Tribunal Superior de Justicia rechazaba su intención de exigirlo en negocios de hostelería, las voces que claman por un criterio único se intensifican para evitar la disparidad que se ha producido en otras ocasiones.
Por ejemplo, en Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.
En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces.
Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.
El Gobierno de Navarra enviará mañana al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.
También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo o no y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas.
Con todo, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha confiado en que esté operativo en la Comunitat Valenciana antes del próximo Puente de la Constitución.
