Giorgia Meloni quiere cambiar el Estado italiano... y lo está haciendo

Giorgia Meloni tiene un don natural que destaca en su currículum: la perseverancia. Cuando hace un año Mario Draghi cayó y ella empezó su escalada hacia el poder, la hoy primera ministra de Italia prometía en sus mítines cambios sistémicos dentro de la realidad doméstica italiana. Desde que en octubre de 2022 la líder de Hermanos de Italia tomó posesión del cargo, día tras día, casi sin captar la atención de la prensa internacional, Meloni ha demostrado que su Ejecutivo está cumpliendo con la palabra dada.

Desde el mundo del trabajo, a la justicia y la inmigración, pasando por la televisión pública, la nueva mandataria ha metido mano en sectores neurálgicos del sistema de su país. En apenas ocho meses de mandato, algunas de reformas incluso ya han recibido luz verde del Parlamento, otras no están aprobadas pero han sido encaminadas, y algunas más han puesto en la mira a instituciones cuyas facultades se creían imposibles de poner en discusión. Poco a poco, el Estado parece estar siendo desmontado. 

El caso quizá más emblemático es el del sector judicial. Los jueces italianos, históricamente muy independientes del poder político, mantienen un durísimo pulso con el actual Ejecutivo, que les ha criticado abiertamente en diversas ocasiones y está llevando adelante una controvertida reforma. El proyecto de ley, que anula el abuso de poder y restringe las intervenciones telefónicas en un país que lucha contra las mafias, fue aprobado días atrás por el Consejo de Ministros y ahora está empezando a tramitarse en el Parlamento del país.

De la justicia a la televisión

La arremetida difícilmente podría ser más frontal. Tan sólo esta semana, después de que se filtrara de una investigación judicial contra una ministra del Gobierno, fuentes gubernamentales difundieron una nota no oficial acusando a los jueces de querer "desempeñar un papel activo de oposición (política)". "Es una acusación muy grave que golpea el corazón de la judicatura", respondió el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, quien también habló de la intención de inflingir "un castigo" al sector. "Quieren silenciar a los jueces", concluyó Luca de Carolis, periodista de Il Fatto Quotidiano.

Más lejos aún se ha llegado con la reforma laboral, aprobada el 29 de junio. La nueva ley ha cancelado definitivamente la renta de ciudadanía, la medida estrella del Movimiento 5 Estrellas y que percibían más de un millón de italianos (de los 5 millones de pobres absolutos, cifra en aumento, según Caritas). Y también ha ampliado la duración de los contratos temporales, lo que ha suscitado la ira de los sindicatos. Anteriores Ejecutivos habían, por ejemplo, limitado los contratos de este tipo a los 12 meses, pero con las nuevas normas se podrá llegar "libremente" hasta los 24 meses, recita el texto.

Meloni también se ha dicho contraria al salario mínimo, pues prefiere bajar los impuestos a los trabajadores, a pesar de que eso amenaza las entradas fiscales y, por tanto, al déficit. "Tiene que hacer más por la industria", le han llegado a decir los industriales del rico norte de Assolombarda. "Sigo sin entender el intento de minimizar los logros de nuestra nación", ha dicho ella, en un mitin posterior.

El intervencionismo meloniano ha también ha alcanzado la RAI, la televisión pública italiana, que desde hace meses está siendo remodelada a través de cambios de directivos, la desaparición de programas críticos y una ola de dimisiones de periodistas ajenos a la línea del Gobierno. En paralelo, empresarios afines a Meloni se están expandiendo en la prensa. Un ejemplo: Antonio Angelucci, que ya ha comprado los diarios Libero y Tempo y está negociando para Il Giornale.

Nuevas estrategias

Rápida, aunque por ahora sin fecha de aprobación, también ha sido la decisión de contentar la Liga de Matteo Salvini con una propuesta para dar más autonomía a algunas regiones. Una reforma criticada incluso por la Comisión Europea. "Pone en riesgo la capacidad del Gobierno de controlar el gasto público", han dicho, al avisar de que eso amenaza el acceso a los fondos europeos. En línea con esto, Meloni ha avanzado su intención de hacer transitar Italia hacia un modelo presidencialista, o semi-presidencialista, lo que aún no ha sido plasmado en una propuesta definitiva, pero sí ya es asunto de debate en el país. 

Lo mismo con la inmigración. En este último apartado, no obstante, Meloni ha adoptado una nueva estrategia. Se ha esforzado en evitar el choque directo con Bruselas —un objetivo al menos en parte logrado, a juzgar por sus misiones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen—, pero al mismo tiempo ha dificultado enormemente a las oenegés que salvan migrantes en el mar, asignándoles puertos de desembarque cada vez más alejados.

Con el Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, en estado semi-vegetativo, Meloni ha podido llevar adelante todo esto con apenas resistencia hacia sus ideas. Por el contrario, incluso ha casi neutralizado a esta formación al aprovecharse de sus divisiones internas frente a la maternidad subrogada, que su nueva líder, Elly Schlein, dijo que apoya.

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