Sant Antoni propuso en 2018 el archivo de la multa por la mansión de Cretu pero aún no lo ha resuelto
La propuesta se basa en el principio de que no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos
La Audiencia multó en 2013 al músico rumano con 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio
Dos palas excavadoras durante el derribo de la mansión de Cretu en Santa Agnès, en mayo de 2009. | VICENT MARÍ / eugenio rodríguez. eivissa
El Ayuntamiento de Sant Antoni aún no ha resuelto el expediente sancionador abierto contra la entidad Baloo Music SA por las obras ilegales de la mansión del músico rumano Michel Cretu, en Santa Agnès, que fue derribada por orden judicial en 2009. Sin embargo, según una portavoz municipal, hay una propuesta de resolución desde 2018 para que se levante la suspensión de su tramitación y se archiven las actuaciones en aplicación del principio jurídico de non bis idem, por el cual no se puede sancionar a un infractor dos veces por los mismos hechos ilícitos.
El estado en que quedó la parte de la parcela ocupada por la mansión tras su derribo. | D. I. / eugenio rodríguez. eivissa
Cretu fue condenado por la Audiencia Provincial, a finales de 2013, a una pena de seis meses de prisión y al pago de una multa de 10.800 euros como autor de un delito contra la ordenación del territorio. El tribunal sustituyó la pena de cárcel por el pago de otros 10.800 euros, por lo que cuantía final se elevó a 21.600 euros.
Sin embargo, la cuantía de la sanción administrativa, en arreglo a la normativa vigente entonces, podía oscilar entre el 100% y el 200%, al estar la vivienda en una área de máxima protección, del valor de los construido ilegalmente. Según publicó este diario, como el valor de la parte construida sin licencia ascendía a casi 2,5 millones de euros, como declaró documentalmente el promotor cuando presentó infructuosamente un proyecto de legalización, la sanción podría haber sido de esta cantidad o el doble.
En su día, el expediente sancionador quedó en suspenso a la espera de que se resolviera el proceso penal. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2014 la sentencia de la Audiencia Provincial, por lo que esta devino firme. Sin embargo, el expediente sancionador no se retomó hasta casi un año después, pero ocho después, y cinco años desde que el servicio técnico presentara una propuesta de resolución de archivo, aún no se ha cerrado. El Consistorio no ha explicado las razones. La portavoz municipal recuerda que se trata de una propuesta del anterior mandato del gobierno de centro izquierda y que «se desconoce» por qué no se aprobó. Tampoco lo ha hecho en estos últimos cuatro años el actual gobierno de centro derecha, que, justo ahora, dice que «se estudiará llevarlo a aprobación cuanto antes».
No hay que indemnizar
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la sentencia de primera instancia que rechazaba la indemnización de 14 millones de euros que reclamada Cretu al Ayuntamiento de Sant Antoni por el derribo de su mansión.
Hay que tener en cuenta que la vivienda, con un estudio de música de cerca de 400 metros cuadrados, se construyó al amparo de una licencia de obras de 1997, pero el promotor construyó mucho más; en concreto un 68,3% por encima de lo que se había autorizado.
De hecho, el perito judicial defendió, en sede judicial, la existencia de «un falseamiento u ocultación de datos básicos en el proyecto básico» para, posteriormente, tras la obtención del certificado final de obra, ampliar la casa.
El TSJB descarta el pago de la reclamación de responsabilidad patrimonial solicitada al confirmar que hubo negligencia grave y dolo por parte del promotor.
Neus Prats, portavoz del Grup d’Estudis de la Naturlesa (GEN-GOB), la asociación ecologista que denunció las obras ilegales de Cretu y tomó la iniciativa judicial para lograr su derribo, recuerda que cuando se reclamaba al Ayuntamiento que actuara, éste «se pasó la vida» sin hacerlo con el argumento de que «al final tendría que pagarlo el pueblo».
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