«Las ordenanzas municipales prohíben la acampada y, en algunos casos, como en Sant Josep, también la pernoctación, por lo que las policías locales son la forma más eficaz contra la presencia de caravanas en zonas naturales», afirma Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza y responsable de la Oficina Contra el Intrusismo.
El conseller de Territorio señaló ayer ser consciente del incremento de este tipo de vehículos que funcionan como alojamientos turísticos. Lo ve con sus propios ojos cuando se mueve por la isla, explica. Los ha visto en Cala Nova o Cala Llenya, señala.
Aunque reconoce que este problema tiene una parte turística insiste en que la forma más eficaz es a través de las ordenanzas municipales. El conseller, además, justifica su postura: «La prioridad de la Oficina Contra el Intrusismo es la lucha contra los pisos turísticos. No es un capricho. Es así porque los pisos turísticos suponen un problema de acceso a la vivienda». El conseller señala que el alquiler de caravanas para acampar en la isla supone una infracción turística, de las ordenanzas y medioambiental. Precisamente por este motivo, explica, se puede atajar este problema tanto a través de las policías locales como por parte del Govern. «Sin embargo, en el caso de los pisos turísticos no se pueden atacar por otro lado. Sólo desde la Oficina», continúa el vicepresidente. «En los alquileres turísticos en pisos no pueden intervenir las policías locales porque no se trata de una infracción urbanística y tampoco desde Medio Ambiente porque no se infringe ninguna normativa de este ámbito», insiste.
En este sentido, señala que desde el Consell de Ibiza sí han intervenido en el caso de «alojamientos exóticos» que se ofrecían a través de Airbnb como tipis o yurtas «porque está prohibido en el Plan Territorial Insular (PTI)». Así, explica, se han desmantelado tres yurtas que funcionaban como alojamiento turístico en suelo rústico protegido. «En estos casos, el problema se acaba cuando desaparece la yurta», indica antes de destacar que la situación es diferente en el caso de las caravanas, ya que éstas son móviles.
Así, reitera que la forma más rápida para evitar que acampen en zonas naturales, incluso protegidas, con el riesgo medioambiental que ello supone, es a través del cumplimiento de las ordenanzas municipales. «Tenemos que ser inteligentes a la hora de usar las herramientas que tenemos para luchar contra el intrusismo y las ilegalidades», abunda el vicepresidente insular, que destaca que en el caso de que fuera el Consell el que iniciara estos expedientes se podría aplicar una sanción de 10.000 euros que se tardaría «ocho meses» en tramitar. Por lo que insistió de nuevo en que lo más práctico y rápido en el caso de las caravanas instaladas en zonas de bosque o protegidas es desde los ayuntamientos.
«Se trata de optimizar los recursos que tenemos entre todas las administraciones, pero si desde el Consell se dedican a las caravanas en zonas en las que suponen un riesgo que es algo que pueden atacar los ayuntamientos, se quitan de los pisos turísticos ilegales, que ninguna otra institución combatirá», añade el conseller, que señala que los agentes pueden dar avisos e, incluso, inmovilizar estos vehículos. «Esto no quiere decir que no se ataque este tipo de alquileres por otro lado», matiza Juan, que recalca también la necesidad de abrir el debate sobre la creación de zonas habilitadas para la acampada de estos vehículos en la isla de Ibiza.
