El Ayuntamiento de Sant Josep ha acordado imponer una sanción de 135.000 euros a la empresa propietaria de una vivienda cerca de Cala Llentia que acogió una fiesta ilegal multitudinaria el 16 de julio del año pasado, cuando todavía se aplicaban restricciones por la pandemia del covid.
Los promotores de la fiesta no permitieron el acceso de los policías municipales al interior del recinto (uno de los hechos imputados), a pesar de que los agentes recogieron suficientes evidencias como para justificar que no se trataba de una celebración particular en la vivienda sino de una actividad sin ningún tipo de autorización, según informa en una nota el Consistorio.
"Los agentes encontraron numerosos vehículos estacionados en los alrededores de la propiedad, VTC y de taxistas haciendo viajes de ida y vuelta con aparcacoches vestidos con chalecos reflectantes para organizar el tráfico", señalan desde el Ayuntamiento. También comprobaron que existía una "lista de invitados y que para que el personal de seguridad permitiera acceder se tenía que exhibir una pulsera de un conocido establecimiento de ocio nocturno de la isla, entre otras evidencias que acreditan la realización de una fiesta ilegal".
Pandemia
Esta celebración se produjo todavía en el contexto de la pandemia y el hecho de que se obstaculizara la acción policial también impidió que se pudiera comprobar el cumplimiento de las medidas de control sanitario vigentes entonces.
El Consistorio recuerda que se considera un hecho agravante que se impidiera la acción inspectora de la Policía Local, y que se informó a los responsables de la propiedad que esta inspección se limitaría a los espacios comunes y dejaría fuera los aposentos que se podían considerar protegidos por la inviolabilidad del domicilio que establece la Constitución.
Precisamente, los argumentos del recurso que presentó la propiedad contra la propuesta de sanción giran alrededor del hecho de que "no se ha acreditado el cobro de entrada y que se les quiere sancionar por ejercer el derecho a la inviolabilidad del domicilio".
Los servicios jurídicos municipales consideran que el hecho de impedir el acceso a los policías ha perjudicado también a la propiedad, porque habría sido la única manera de comprobar si, tal y como sostiene, esta era una fiesta particular y poder esclarecer los indicios que recogieron los agentes.
En el expediente también se recuerda que esta vivienda ha sido sancionada con anterioridad por hechos similares porque se acreditó también la realización de fiestas multitudinarias sin ningún control.
El acuerdo de junta de gobierno que desestima las alegaciones de la propiedad y ratifica la multa a los promotores de la fiesta ilegal se puede recurrir durante un mes ante el Ayuntamiento o bien interponer directamente un contencioso en los juzgados.
