El servicio de apoyo a los ayuntamientos para evitar las fiestas ilegales en viviendas impulsado por la Oficina de Lucha Contra el Intrusismo del Consell de Ibiza comienza a trabajar hoy después de la reunión de coordinación mantenida entre el Consell y los ayuntamientos de la isla, en la que ha participado el conseller Mariano Juan, el jefe de servicio de Ordenación Turística, Mariano Yepes; el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló; la concejala de Gobernación de Sant Josep, Pilar Ribas; la edil de Policía Local de Sant Antoni, Neus Mateu, representantes de los cuerpos de Policía Local de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni y representantes de la empresa que ejecutará el servicio después de haber sido la adjudicataria del contrato.
Mariano Juan explica en una nota de prensa que “ante una problemática que afecta competencias municipales, como son las actividades y el orden público, el Consell de Ibiza podía hacer dos cosas: ponerse de perfil, como hicieron otras administraciones el año pasado, o ejercer su papel vertebrador y municipalista, que es lo que se ha hecho desde el primer momento”. En este sentido, Juan ha recordado la prueba piloto del año pasado, que sirvió para denunciar a 29 personas ante los ayuntamientos, el Govern balear y la Agencia Tributaria.
En la reunión el conseller ha detallado la adjudicación del servicio que cubrirá toda la isla con cuatro detectives extranjeros y un administrativo para infiltrarse en este tipo de fiestas gracias a las investigaciones a través de redes sociales. En la reunión se ha pactado incidir especialmente en todas aquellas personas que publiciten las fiestas a través de internet o se dedican a la captación de clientes en zonas de ocio de la isla. El objetivo es desarticular estas fiestas antes de que empiecen o, al menos, facilitar la tarea de identificación de los responsables para poder tramitar los expedientes adecuados.
El decreto aprobado recientemente por el Govern balear a instancias del Consell de Ibiza sanciona a todas las personas que participen en la organización de una fiesta ilegal incluyendo los captadores de clientes y relaciones públicas, quien las publicite en redes sociales así como también las empresas suministradoras de material y servicios (equipos de música, bebidas, dj, transfer...) y también participantes con multas que, en los casos más graves, pueden llegar a los 300.000 euros.
Prohibición de investigar la vida íntima
Según rezan los pliegos del contrato, cada servicio, cuya duración será de dos días, deberá ser realizado por dos detectives, que tendrán que rastrear y localizar los contactos. Además, deberán conseguir los contactos necesarios para poder acceder a los eventos o fiestas con venta de bebidas que se realicen en viviendas que se comercialicen como estancias turísticas, sin estar todas estas actividades inscritas en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos.
Asimismo, deberán emitir un informe por cada servicio realizado. Las prestaciones que, como mínimo, incluirá el servicio serán las siguientes: rastreo en las redes sociales y lugares que se determinen; pago de la reserva o entrada a los eventos localizados; localización de la vivienda, inscrita o no en el Registro; desplazamiento al lugar señalado por la organización; obtención de imágenes y de la identidad de los organizadores de la fiesta y/o arrendatarios de la vivienda y la emisión de los informes correspondientes.
En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados. Los detectives privados tampoco podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por su parte, el Consell controlará y verificará los informes emitidos a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme a las exigencias del contrato vigente y de los compromisos contractuales establecidos.
