La consellera tránsfuga Marta Díaz incumple el código ético y de buen gobierno aprobado el mes pasado por el pleno del Consell de Ibiza. En concreto, el punto 2a, sobre los «valores de buena gobernanza», que dice que las personas sujetas a este protocolo de conducta deben «satisfacer el interés público general… por encima de cualquier interés privado y partidista». «A tal efecto, respetarán la voluntad de los ciudadanos y actuarán con lealtad política, asumiendo el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales [el pacto nacional suscrito en 1998, que se ha ido ampliando]».
Díaz votó a favor del código ético, que se aprobó por unanimidad en el pasado pleno, y expresó su «felicitación por el trabajo hecho».
En contra de la posición de sus excompañeros de partido y gobierno (PSOE y Unidas Podemos), Díaz defiende repetidamente en los plenos que no es una tránsfuga. Así lo dijo, por ejemplo, en el pleno de julio de hace dos años, en respuesta a la exconsellera podemista Viviana de Sans, que anteriormente había dicho que era «una tránsfuga de manual». «Ni de libro ni de TBO ni nada. Un tránsfuga es el que facilita con su voto un cambio de gobierno», defendía entonces Díaz.
Sin embargo, unos meses después, en noviembre de ese año, los partidos del Congreso que se han sumado al pacto institucional contra el transfuguismo, entre ellos todos los que están en el Consell (PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos) acordaron una tercera adenda, en la cual, entre otras cosas profundiza más sobre la definición de tránsfuga. Desde entonces, los partidos firmantes entienden por tránsfugas a «los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político [partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores] que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes».
Hay que tener en cuenta que Marta Díaz abandonó el PSOE, justo antes de que el partido la expulsase, después de haber dado marcha atrás al anuncio de su dimisión como consecuencia de las informaciones reveladas por este diario sobre sus gastos institucionales sin justificar, en el pasado mandato, cuando ocupaba la vicepresidencia segunda de la institución. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado el procedimiento judicial para investigar los hechos tras apreciar indicios de un posible delito.
El pulso por el salario
El PSOE pide infructuosamente a Díaz que devuelva el acta de consellera y que el presidente, Vicent Marí, del PP, le retire su salario (algo más de 33.000 euros anuales por una dedicación del 60%) para que lo perciba su excompañera socialista Silvia Limones, que sólo cobra dietas por asistir a los plenos y las comisiones, el régimen retributivo de su antecesor, el difunto Vicent Tur.
Precisamente, en el pleno de junio de 2020, en el que el PP y Ciudadanos, acordaron, al amparo de un informe firmado por dos letrados de la institución, mantener el sueldo de Díaz, el vicepresidente primero, Javier Torres, de Ciudadanos, defendía que Díaz no era una tránsfuga porque entendía también que es aquella persona que abandona al grupo político con el que concurrió a las elecciones para apoyar a otro a través de una moción de censura. Ahora, tras la definición acordada por el pacto contra el transfuguismo, Torres ha cambiado de opinión y sostiene que ésta es «muy clara y explícita y deja poco espacio de interpretación». Desde entonces, el vicepresidente ha sufrido también en sus propias carnes un caso de transfuguismo: la expulsión del diputado Maxo Benalal de su partido y la negativa de éste, que ya se ha afiliado a Vox, de devolver el acta.
Torres afirma que desconoce qué cargos públicos se han adherido ya al código ético. Los incumplimientos se deben debatir en una comisión que aún no se ha constituido. Este órgano, presidido por él como conseller de Transparencia y formado por cuatro miembros independientes y de reconocido prestigio, tendrá la función de revisar y aclarar el contenido del protocolo y analizar posibles incumplimientos.
«Guste o no, la ley es la que es»
De todos modos, Torres afirma que, aunque se incumpla el código en este aspecto, no se puede actuar contra Díaz porque «la ley y la jurisprudencia son las que son». «Guste más o menos, las actas son intransferibles y pertenecen a las personas. Si la persona afectada no dimite, no se puede hacer más», destaca Torres, que afirma lo mismo en el caso del salario de Díaz. «Hay poco margen de maniobra, o ninguno, salvo la voluntad de la persona afectada», reitera.
Por su parte, el conseller del PSOE Víctor Torres recuerda que su grupo «denuncia en cada pleno que Marta Díaz es una tránsfuga de manual» y acusa al presidente, Vicent Marí, del PP, de permitir esta situación al negarse a «quitarle el sueldo», cuando es «una potestad del pleno», para que sólo reciba dietas por asistencia a los plenos y comisiones. «Lo hemos dicho desde el primer momento, no sólo ahora. A Vicent Marí le interesa que le apoye y le haga el trabajo sucio en el pleno», afirma, en referencia a las repetidas críticas de Díaz contra los gobiernos socialistas. También lamenta que se apruebe por unanimidad un código ético, que, de partida, ya «se incumple». «Es incongruente que se adhieran [Díaz y los consellers de PP y Cs] cuando están permitiendo que se incumpla». Este diario ha tratado infructuosamente de recabar la opinión de Marta Díaz.
El código ético«no tiene carácter normativo»
El régimen sancionador del nuevo código ético y de buen gobierno del Consell de Ibiza es el de la ley 9/2013 de transparencia y buen gobierno. Este no contempla medida alguna contra el transfuguismo porque, como apunta el conseller de Transparencia, Javier Torres, las actas de los cargos electos son personales e intransferibles y no tienen la obligación, por ley, de dejarlas cuando abandonan el partido con el que concurrieron a las elecciones. El informe jurídico sobre el código determina, además, que éste, aprobado para optar a las ayudas europeas Next Generation, «no tiene un carácter normativo».
