El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) rechaza rebajar el precio que Fiesta Hotels & Resorts y Ritusa, de la familia Matutes, pagó en 2016 al Ayuntamiento de Sant Josep para obtener cuatro lotes de sombrillas y hamacas en Platja d’en Bossa durante dos temporadas, la de 2016 y 2017.
Por la explotación de 180 tumbonas y 90 sombrillas situadas frente al hotel Ushuaïa, Fiesta Hotels & Resorts se vio forzada a pagar 355.100 euros por la dura pugna que mantuvo con el empresario canario condenado por narcotráfico Mahy Marrero. El precio de salida de este lote era de 66.100 euros.
Hay que tener en cuenta que esa adjudicación se hizo por el sistema de subasta a mano alzada, con puja de mil en mil euros, lo que disparó los precios hasta el punto que el Ayuntamiento dobló sus ingresos (obtuvo un total de 4,6 millones de euros; el precio de salida era de 1,7 millones). Tras la polémica que provocó esta subasta, en el siguiente proceso de adjudicación de los servicios de playa el Consistorio volvió al sistema tradicional de la puja a sobre cerrado.
La empresa del Grupo de Empresas Matutes también pagó 153.100 euros por una concesión de 72 hamacas y 45 sombrillas cerca de Ushuaïa, cuyo precio de salida rondaba los 30.000 euros, ante la presión que ejerció Marrero, que se convirtió en el protagonista de la subasta al forzar que se pagaran precios muy por encima del umbral de su rentabilidad.
Coste «artificial»
Por ello, las empresas de Matutes recurrieron el precio de la adjudicación por ser, según su criterio, «artificial» y «contrario a derecho». Para ello, los recurrentes alegaron que Marrero, que concurrió en la subasta como administrador de una sociedad creada un mes antes (Explotaciones Actividades de Playa SL), no aportó la documentación exigida para acreditar ni su capacidad de obrar, ni la solvencia técnica ni económica de sus sociedades, incumpliendo con ello los requisitos plasmados en el pliego que regulaba la licitación. Defendían que la sociedad de Marrero debería haber sido excluida de la licitación.
Así, Fiesta Hotels & Resorts y Ritusa reclamaban que se redujeran los precios de los lotes por los que pagaron 355.100 euros (el 130), 153.100 euros (125), 59.600 euros (131) y 50.500 euros (109), lo que supone un total de 618.300 euros, a 69.100 euros, 43.100 euros, 33.600 euros y 48.500 euros, respectivamente (194.300 euros en total). Es decir, que, según su criterio, pagaron 424.000 euros de más, más del triple, por explotar los cuatro lotes. El precio de salida del lote 125 era de 29.000 euros; del 109, 25.500 euros y del 131, 8.800 euros, según informa el Ayuntamiento.
Las dos empresas de la familia Matutes alegaron que pagaron 424.000 euros de más por los cuatro lotes
De entrada, el tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que desestimó los recursos, porque la demanda sólo pretendía anular el pago efectuado, no la adjudicación de los lotes. «Quien acude a una licitación ha de estar al principio de libre concurrencia y no puede pretender la adjudicación del contrato a un precio distinto y muy inferior al ofrecido en la subasta», destaca la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Se pagó lo que se quiso pagar
«Si en verdad hubo una licitación defectuosa porque se incluyó y aceptó a quien no podía concurrir a esa subasta por no cumplir los requisitos, entonces, necesariamente, habría que anular el acto de adjudicación. Lo que no es posible es aquietarse a la adjudicación e impugnar solamente el precio por el cual se otorgó el contrato, y se solicite que se establezca un precio distinto y muy inferior al ofrecido en la subasta», agrega el fallo judicial, que también recuerda que fueron los recurrentes los que «decidieron pujar por los cuatro lotes sin formular objeción alguna y hasta el precio que consideraron oportuno». «Obedece a su propia y exclusiva voluntad», subraya.
Marrero aportó la documentación para optar a la puja
Las empresas recurrentes alegaron que el empresario canario Mahy Marrero no aportó la documentación que se exigía en el pliego de condiciones, pero la sentencia apunta que el expediente administrativo revela que sí lo hizo. Pese a ello, Fiesta Hotels y Ritusa insistieron en que el Ayuntamiento seguía sin poder probar que Explotaciones Actividades de Playa SL cumpliera con los requisitos que el pliego exigía para acreditar su capacidad y solvencia, aunque la sentencia lo descarta. Rechaza los argumentos que cuestionan los documentos para acreditar la solvencia económica y técnica.
