El Servicio de Atención Social de los Juzgados de Ibiza atendió a un total de 243 personas durante el año 2021, de los cuales 186 casos fueron expedientes nuevos y 57 fueron casos continuados de años anteriores.
Este servicio de los juzgados ofrece una atención especializada en el ámbito judicial a personas encausadas o condenadas y a sus familiares, a quienes asesora e informa de los recursos de la red comunitaria que tiene a su disposición, además de la ayuda en trámites y gestiones con la finalidad de prevenir la reincidencia.
El coordinador del servicio de Balears, Bernat Aguiló, detalló a Diario de Ibiza que cada situación es un caso particular y diferente a las demás: «Nuestro objetivo siempre es dar el mejor servicio a las personas implicadas. Las circunstancias de cada caso son personales y diferentes. Acordamos con los involucrados una intervención. A veces vienen por orden judicial y estamos más encorsetados a la hora de actuar. Lo más sencillo es cuando vienen por libre, ya que nos permite acordarlo todo con la familia», detalló Aguiló. De todas las personas asistidas por el SASJ-Ibiza en el año 2021, un 58,8% eran mujeres (143 en total) y un 41,2% eran hombres (100) de diferentes rangos de edades.
En el año 2021, se trataron 48 casos en los que existió algún tipo de violencia o maltrato, siendo muy significativa la predominancia en víctimas de violencia de género. En el 75% de los casos hubo denuncia previa.
En drogodependencias, un 5,8% del total manifestaron un problema con drogas, de los cuales un 35,7% se encuentran todavía en tratamiento terapéutico, siendo el cannabis, el alcohol y la cocaína las sustancias predominantes.
De las personas afectadas por un procedimiento penal como investigadas, acusadas o condenadas, para el 62,5% era la primera vez y el 37,5% eran reincidentes, de los cuales el 53% fueron hombres y el 47% mujeres.
1 millón de euros en ayudas
El Govern confirmó en el día de ayer el concierto por valor de 964.000 euros que durante los próximos cuatro años será destinado a procesados o condenados y a sus familiares, lo que dotará de «más estabilidad y más eficiencia al servicio», según la consellera de Asuntos Sociales de Balears, Fina Santiago.