El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, expuso ayer, en el pleno del Parlament, que el Govern tramita actualmente 16 expedientes contra determinadas prácticas llevadas a cabo por compañías aéreas.
Así lo comunicó Marí en respuesta a una pregunta del diputado popular Lluís Camps, quien preguntó por el control que lleva a cabo la dirección general de Transporte Marítimo y Aéreo para evitar los «abusos» en las tarifas de algunas navieras y aerolíneas. Un interrogante ante el que el conseller ha reiterado que «el Govern trabaja continuamente en la vigilancia y control de tarifas aéreas y marítimas para detectar alteraciones».
En concreto, detalló el conseller Marí, entre los años 2015 y 2020 se tramitaron 42 expedientes, ya finalizados, con sanciones que alcanzaron los 928.560 euros contra determinadas prácticas llevadas a cabo por compañías aéreas. Y, en 2021 se tramitaron 10 expedientes más. Actualmente el Govern tienen en tramitación un total de 16 expedientes contra distintas compañías.
52 expedientes entre los años 2015 y 2021
Entre 2015 y 2020 se tramitaron 42 expedientes, ya finalizados. Y en el año 2021 se tramitaron 10 expedientes más. En total, 52.
Pese a las explicaciones del conseller, el diputado del PP Lluís Camps reiteró sus críticas frente a lo que calificó de «escándalo» y «abuso» de las tarifas del transporte aéreo y marítimo, preguntándose si el Govern hace realmente todo lo posible para evitar estas situaciones.
«El PP, aparte de controlar y fiscalizar al Govern, trabaja en la incorporación de enmiendas, por ejemplo, al Decreto 9/2021, para evitar los abusos en las tarifas de algunas navieras y aerolíneas, haciendo el trabajo que el ejecutivo es incapaz de hacer», dijo el popular, quien señaló que «ya no solo es el PP el que le pide hacer un control efectivo de la situación, sino que también son editoriales de medios, organizaciones de consumidores y los propios residentes que sufren su estéril e ineficaz gestión».
El PP reiteró sus críticas frente a lo que calificó de «escándalo» y «abuso» de las tarifas del transporte aéreo y marítimo
Ante las críticas del popular, el conseller recordó que «el transporte aéreo es una materia competencia del Estado y que las comunidades autónomas solo pueden hacer el seguimiento de cuestiones territoriales, en dos supuestos, vigilando el incremento desmesurado de precios, a través del contacto con la dirección general de la Aviación Civil, encargada de posibilitar una competencia leal; y, cuando las aerolíneas tienen obligaciones de servicio público, ejerciendo funciones de control sobre frecuencias y precios», ha sentenciado.
