El Consell de Ibiza está tramitando, actualmente, expedientes por alquiler turístico ilegal por valor de 1,3 millones de euros, según datos aportados por la institución. El vicepresidente y conseller de Territorio, Mariano Juan, se muestra satisfecho con los frutos que está dando la Oficina de Lucha contra el Instrusismo (que se puso en marcha en 2019), ya que se ha pasado de imponer sanciones por valor de 40.000, 80.000 y 319.000 euros en 2016, 2017 y 2018 respectivamente, al millón de euros en 2020 y a 1,3 millones el año pasado.
Mariano Juan habla de un «cambio de paradigma». Mientras hace unos años la mayoría de los infractores «pagaban la multa de forma voluntaria porque la cantidad era ridícula», ahora están constatando que, al ser mayor la cuantía, «se están profesionalizando en su defensa», a pesar de que el pronto pago reduce un 40% el importe de la multa. Desde hace unos meses el Consell ha dado un paso más y ha endurecido la cuantía de las sanciones por anunciar un alquiler turístico en plataformas como Airbnb o HomeAway: «Ahora se considera que es una infracción grave y se ha pasado de 20.000 euros de multa a 40.000», señala.
Esto ha llevado a los comercializadores, añade, a presentar recursos de reposición, alzada o contenciosos administrativos cuando se les multa, lo que hace que «no se pueda cobrar la sanción tan rápido como nos gustaría porque hay que esperar a la resolución por parte de la justicia».
El conseller de Territorio explica que la infracción que más se repite es la comercialización online del alquiler ilegal. «El mero hecho de anunciar el inmueble es ya es una infracción, no es necesario que haya turistas dentro del mismo», insiste, pero hay otras casuísticas. «Una propietaria tenía dos pisos. Al principio detectamos que estaba alquilando uno de forma irregular y en su defensa alegó que lo tenía alquilado a un señor y que era él quien lo subarrendaba ilegalmente a otras personas. Al cabo de un tiempo detectamos otro piso y vimos que también era suyo y, casualmente, lo tenía alquilado también a este señor», explica. En esta línea, hace hincapié en las reformas de la ley que se han llevado a cabo durante esta legislatura para atajar la problemática. «Ahora, el mero hecho de tener un contrato de alquiler no te exonera de tu responsabilidad como propietario si se demuestra que hay un fraude de ley, como era este caso, donde había una simulación de contratación. Y esto se multa», subraya Juan.
Protocolo con Airbnb
El acuerdo alcanzado en 2020 entre el Consell y Airbnb [que pasa por requerir información sobre aquellos anuncios en los que las autoridades hayan iniciado expedientes sancionadores porque no cumplen con la regulación local] ha permitido que, durante este periodo, se hayan retirado unos 400 anuncios. «En lo que llevamos de año se han retirado aproximadamente 130 ya», indica Juan, quien añade que «gracias a este protocolo, que solo han suscrito dos administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona y nosotros, Airbnb ha identificado a 70 anfitriones que no cumplen con lo establecido».
«Uno de los problemas que teníamos con este tipo de plataformas era que encontrábamos el anuncio, pero no sabíamos la dirección exacta y tampoco quién lo comercializaba turísticamente; a veces no es el propietario y es el inquilino. Airbnb lo sabe porque cuenta con esos datos y ellos son quienes nos pueden confirmar a quién tenemos que enviar nosotros el expediente sancionador», explica el conseller.
Novedades
El Consell de Ibiza reconoce que todavía «queda mucho trabajo por hacer» en materia de alquiler turístico ilegal, pero asegura que la situación ha mejorado significativamente. «La sensación que había hace cinco años de que seguro que no te pillaban cuando alquilabas unos días tu casa, ahora ha cambiado, ahora es: tarde o temprano te van a pillar», sostiene Juan.
El departamento cuenta con cinco inspectores, cuatro instructores y dos administrativos. «Estamos esperando a que el Govern cumpla su parte del pacto», dice Juan recordando que el Ejecutivo balear aprobó transferir las competencias de ordenación turística al Consell de Mallorca y desde las Pitiusas se quejaron por recibir menos recursos. «Nos reconocieron dos plazas más para reforzar las actuaciones, pero no se han articulado aún», indica.
Paralelamente, para que las sanciones se materialicen lo antes posible, el Consell ha incorporado recientemente una novedad en el sistema informático. Se trata de un nuevo módulo que «aumenta la velocidad por la que se instruyen los expedientes», recalca el conseller de Territorio. «Antes se rellenaban las resoluciones una a una. Ahora se hace de forma automática y, además, el programa expide la notificación en castellano y catalán a la vez», añade Juan. Y es que uno de los problemas que se encontraban antes era que «muchos infractores que son extranjeros alegaban que no entendían el catalán, que era la única forma en la que se expedían, y esto era una manera de dilatar los tiempos». De hecho, apunta que, por este motivo, «se corría el riesgo, incluso, de que caducaran los expedientes». Por ello, confía en que «en unos meses se vea un aumento del rendimiento» en este sentido.
