«Estamos nerviosos por la posibilidad de perder la casa a las puertas de la temporada», reconoció ayer, en la puerta del juzgado de Ibiza, Eneas Isaias, hijo de Laura, una de las inquilinas del edificios de la calle Lugo de Cala de Bou propiedad del fondo Promontoria Coliseum. El edificio fue vendido en 2019 por el antiguo propietario, el Banco Sabadell, con los inquilinos dentro, y la empresa procede a formular la correspondiente demanda de desalojo a medida que va venciendo la vigencia de los contratos de alquiler. La primera ha sido Laura, que ayer tenía fijado el juicio.
«Diez familias se encuentran afectadas por esta situación, a pesar de haber pactado con el Banco Sabadell una renovación que, finalmente, se hizo en forma de prórroga», explicó a las puertas del juzgado Guadalupe Nauda, concejala de Vivienda en Sant Josep. También denunció que los inquilinos «reciben un acoso constante con llamadas desde distintas empresas» para que abandonen los pisos. Nauda indicó que querían «negociar la renovación de un alquiler, ya que tampoco sabemos para qué quiere la empresa las viviendas porque no hay un interlocutor válido con el que podamos tramitar una posible negociación».
Laura ha sido la primera vecina de Cala de Bou en ser citada ante el juez, aunque ayer no pudo acudir al juicio ya que se encuentra trabajando en Francia. Así lo explicó su hijo, que acudió en su representación junto a varias vecinas, que querían dar apoyo a la familia y que «pronto se encontrarán en la misma situación, porque irán siendo citadas según las expiraciones de los contratos de alquiler», añadió la regidora de Vivienda.
Eneas, que convive con su madre, indicó que la empresa le ha ofrecido 9.000 euros, pero que con ese dinero solo tendrían para «unos meses, tal y como está el precio de la vivienda en la isla y encima a un mes de comenzar la temporada estival». El desahucio, en un principio, está previsto para mayo.
La concejala de Vivienda apuntó que los inquilinos han intentado negociar a través del Ayuntamiento con Solvia (entidad comercializadora del fondo Promontoria Coliseum), un acuerdo para suspender el desalojo, «pero la empresa no responde a los mails enviados». Por este hecho, Nauda se personó ayer como testigo en el juicio.
Alquiler social
La concejala indicó que el Ayuntamiento ha propuesto a la empresa que las viviendas pasen a gestionarse a través de un «alquiler social», pero para ello tienen que poder entablar una «comunicación fluida con Solvia, ya que intercambian diversos mails, pero llega un momento en el que la entidad comercializadora deja de contestar».
Por su parte, el abogado de la defensa presentó estos documentos a la jueza para «paralizar el desahucio e intentar llegar a un acuerdo con la Promontoria Coliseum». Finalmente, el juicio quedó visto para sentencia a la espera de si la jueza ordena el lanzamiento judicial o lo paraliza ante una posible negociación.
Daniel Granda, portavoz del sindicato de inquilinas, también presente en el juzgado, manifestó que «es un edifico que lleva años en lucha porque el Banco Sabadell ya intentó proceder al desahucio anteriormente, antes de acordar realizar una prórroga». Asimismo, destacó que el banco «vendió el edificio a este fondo buitre, al que no le importa nada su imagen, para que él proceda al desahucio».
En el edifico residen tanto familias que están pagando alquileres sociales por encontrarse en una situación vulnerable, «de unos 300 euros», hasta familias que pagan «700 euros por un piso de dos habitaciones», añadió Granda, quien destacó que desde el sindicato piden que se haga un uso social de las viviendas, ya que Promotoria Coliseum, al ser «un gran tenedor, tiene unas responsabilidades sociales».
Para Granda, no es casualidad que Laura, la primera citada ante el juez, sea una de las encargadas de organizar a las compañeras del bloque de viviendas. Califica de «represión sindical» la situación que están viviendo estas familias.
