El Consell de Govern aprobó ayer el anteproyecto de ley de consells insulares, el cual supondrá un fortalecimiento de estas instituciones dentro de la arquitectura institucional de Baleares, una modernización de su funcionamiento y una agilización de sus procedimientos, según destacó ayer el Ejecutivo.
La Ley está compuesta por 135 artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Viene motivada por una necesaria actualización de la última Ley de consells, que data del año 2000, que «ha quedado desfasada por la posterior actualización del Estatut d’Autonomia de Baleares en 2007», se destacó por parte del Govern tras la celebración del Consell.
Esta nueva legislación quiere responder a «las necesidades de modernización de los consells insulares y a la exigencia creciente de eficacia y eficiencia en la gestión pública, a la vez que pretende contribuir a articular mejor las relaciones de los entes insulares con las administraciones autonómica y municipal». La reforma emprendida no es, avisa el Govern, «una mera actualización del régimen jurídico de los consells, sino una nueva ordenación con la cual se quieren aportar soluciones a los retos de servicio público que plantea la ciudadanía».
En primer lugar, la nueva normativa regula la singularidad de los consells como parte de la Administración local y como parte de la Administración autonómica, convirtiéndolos en unas instituciones singulares y esenciales a la hora de acercar los principales servicios públicos en cada isla de manera eficaz y con proximidad.
Además fortalecerá la posición del presidente y del Consell Executiu insular, que «pasan a asumir algunas de las competencias de carácter eminentemente administrativo que hasta ahora correspondían al pleno». El propósito del Ejecutivo es dotar de más operatividad a las administraciones insulares, «sin mengua de la esfera de decisión democrática que corresponde al pleno y a sus comisiones». Las atribuciones del presidente reforzarán «especialmente su vertiente de jefe del gobierno insular y del aparato administrativo que depende, y son destacables sus facultades normativas para el diseño de los departamentos insulares».
Y el Consell Executiu ve ampliadas sus responsabilidades en materias como la dirección del aparato administrativo insular, la política de personal, la contratación pública, la gestión de los bienes públicos, la expropiación forzosa o el ejercicio de acciones judiciales».
Régimen especial formenterés
Por primera vez, la Ley de consells prevé la regulación de las entidades integrantes del sector público instrumental que se puede implantar en cada isla, como organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas, fundaciones del sector público y consorcios. Como novedad se establecerán reglas legales de carácter mínimo para la creación, la organización, el funcionamiento y la extinción de estas entidades, «a fin de buscar la racionalidad, la eficacia y la eficiencia de estas estructuras».
Prevé el establecimiento de un régimen específico para el Consell de Formentera, dada «su singularidad de municipio e isla»
También se establece el tratamiento de los derechos y deberes de los miembros de los consells, que son tanto los consellers elegidos para formar parte del pleno como los consellers, electos o no, que integran el Consell Executiu. La Ley pretende que el régimen de incompatibilidades se equipare al que se aplica en el ámbito de la Administración autonómica.
Finalmente, prevé el establecimiento de un régimen específico para el Consell de Formentera, dada «su singularidad de municipio e isla».
