Han pasado seis años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) declaró la validez de las ocho licencias llamadas exprés otorgadas para construir en Benirràs, y algo más de dos años y medio desde que el mismo tribunal recordara al Ayuntamiento de Sant Joan que «la validez y eficacia» de las mismas era «firme» y que debía «respetar» el derecho de los 15 propietarios para edificar en sus terrenos al amparo de los permisos de obra obtenidos en 2007. Pero transcurrido este tiempo, el Consistorio sigue sin autorizar la ejecución de estas licencias que se tramitaron en tiempo récord, entre el 4 de noviembre de 2007, cuando este diario publicó la intención del Govern de aprobar una moratoria para proteger Benirràs, y el día 23 de ese mismo mes, el momento en que entró en vigor el blindaje provisional de esta zona de la costa norte de la isla.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, justifica que estos permisos de obra se mantienen bloqueados a la espera de que el tribunal balear responda a la aclaración solicitada por el Consistorio sobre «si son ejecutables». «Hay una duda jurídica porque, aunque la sentencia se pronuncia en determinados términos [sobre la validez de las licencias], el Govern balear no ha parado de legislar y contralegislar en los terrenos de Benirràs», indica Marí, que justifica la tardanza en la respuesta del tribunal balear (la aclaración se pidió después de la providencia de finales de 2018) en la parálisis que ha provocado la pandemia. «El covid lo ha retrasado todo. No sólo en los tribunales, también en el Ayuntamiento. En estos últimos 14 meses, se ha ido al día a día y lo que se consideraba primordial» añade.
Las ocho licencias exprés se concedieron justo antes de la aprobación de la moratoria que dejó en suspenso el desarrollo de esta zona hasta que se aprobó la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de Balears que protegió (con la ampliación del Área Natural de Especial Interés colindante) el suelo urbano de Benirràs, la ladera que da a la playa. Con esta misma ley se protegieron una parte de Roca Llisa, en Santa Eulària, y Punta Pedrera, en Sant Josep, que han supuesto a la Comunitat Autònoma una factura de más de 100 millones de euros en indemnizaciones.
Sin indemnización en Benirràs
En el caso de Benirràs, en cambio, los propietarios (de 30 parcelas, al margen de las ocho licencias exprés) se quedaron, inicialmente, sin indemnización (siguen batallándolo) porque cuando el TSJB dictó sentencia, a mediados de 2015, en ese momento estaba en vigor la ley 7/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística promovida por el Ejecutivo balear presidido por José Ramón Bauzá, del PP, para eliminar la protección que imponía la ley anterior de la izquierda (la 4/2008).
En concreto, la ley urbanística del PP abría de nuevo la puerta a edificar en Benirràs y en los otros enclaves mediante su incorporación al planeamiento o la aprobación de un plan especial. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento de Sant Joan tramitaba dicho plan para Benirràs, tras el cambio político de 2015 (el primer Ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol), el Parlament aprobó otra ley urbanística que eliminaba esta opción y mantenía el blindaje de Benirràs. A todo esto se refiere el alcalde cuando asegura que el Govern balear «no ha parado de legislar y contralegislar».
En el caso de Roca Llisa y Punta Pedrera, el tribunal balear condenó a la Comunitat Autònoma a pagar una indemnización porque cuando dictó sentencia ya estaba en vigor la ley urbanística aprobada en el primer mandato de Armengol que impedía de nuevo el desarrollo de estas áreas.
Las licencias exprés se concedieron en 19 días, dos en tan sólo 24 horas
Los dos proyectos fueron visados un día hábil antes de que el gobierno aprobara los permisos. El Ayuntamiento de Sant Joan concedió las ocho licencias exprés (para construir ocho viviendas unifamiliares, dos de ellas con piscina) en un tiempo de 19 días, en los que celebró tres juntas de gobierno, dos de ellas extraordinarias. Dos licencias se tramitaron en un tiempo récord de 24 horas. En ambos casos, los proyectos arquitectónicos fueron visados un día hábil antes de ser aprobados por la junta de gobierno.
Así, en un día, el técnico municipal emitió los informes favorables a la concesión de la licencia. El difunto Miquel Ramon, entonces conseller insular de Territorio, llevó el asunto a la Fiscalía aunque su denuncia no prosperó y fue archivada.
La concesión de las licencias exprés causó mucha polémica en su día. Entonces, el alcalde, Antoni Marí, aseguró en una rueda de prensa en diciembre de 2007 que tenía «la conciencia muy tranquila» porque a él le enseñaron que «la Administración está para servir a los ciudadanos y que esta debe trabajar de forma ágil y eficaz».
