El Consell de Ibiza pidió un segundo presupuesto del vídeo 'La vida islados' «a una productora que tiene prohibido contratar con la Administración pública, al tratarse de una comunidad de bienes», según denunció ayer el PSOE en una nota de prensa.
«Para justificar el contrato de 250.000 euros adjudicados sin concurso a una empresa de Santa Eulària, el equipo de gobierno adjuntó un segundo presupuesto de una productora de Madrid que ascendía a 437.000 euros, supuestamente para hacer el mismo trabajo», explican los socialistas. «Sin embargo -prosiguen-, el presupuesto se pidió a una productora que no puede contratar con la Administración pública, puesto que se trata de una comunidad de bienes y no de una persona natural o jurídica, como obliga la Ley de contratos del sector público». Se trata, afirman, «de un nuevo engaño que demuestra que el expediente de contratación por un total de 745.000 euros de promoción turística, sin concurso público e incumpliendo la tramitación de emergencia, fue una farsa que Vicent Marí intenta vestir de legalidad».
«Ante las incontables irregularidades encontradas en el expediente», el grupo PSOE anunció que registrará «un recurso contra el decreto de Presidencia del 8 de septiembre, firmado por Vicent Marí, para levantar la objeción suspensiva al pago de la factura del vídeo que formuló el pasado 17 de agosto en su demoledor informe el servicio de Intervención del Consell», máximo órgano de control de la legalidad de la gestión económica de la institución.
El PSOE «lamenta los intentos de Vicent Marí de intentar desviar la atención dándole la culpa al funcionariado del Consell. La situación de emergencia provocada por la Covid-19 no es excusa para saltarse todas las leyes y procedimientos en la adjudicación de 745.000 euros a diferentes empresas, como hizo el equipo de gobierno», asegura la formación. La misma Ley de contratos del sector público establece cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir, recuerda.
