«Toda Cala Vedella me parece una aberración, desde el edificio que hay delante de la playa, ciertos restaurantes y un montón de cosas. Ahí han ganado cuatro familias y hemos perdido todos». Con estas palabras, el primer teniente de alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, respondió a la pregunta del portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, sobre si resulta o no «una aberración» la construcción de «12 villas de lujo», en primera línea, en los terrenos de es Port des Nebot. Acto seguido, Guerrero instó a Becerra a pedir a sus socios de gobierno en el Consell de Ibiza, el PP, que tramiten la desclasificación de esta zona aún virgen de Cala Vedella.
«Vaya a ver a Mariano Juan [el conseller de Territorio] a su despacho y pídale, en aplicación del decreto 9/2020, que es firme, la desclasificación de este suelo. Yo le apoyaré», dijo Guerrero, que echó en cara a Becerra su interés en que se declare la caducidad de la licencia urbanística, no ejecutada, que se otorgó en este terreno en 2005 (para construir 61 apartamentos en un área de 12.000 metros cuadrados), pero no que se declaren inedificables los terrenos.
El Consistorio ha aprobado inicialmente un convenio con la promotora Bastiodon SL para que, en lugar de que se construyan los 61 apartamentos inicialmente previstos, se levanten 12 villas, con una reducción de la edificabilidad del 35%. Tras la exposición pública del convenio, se han presentado bastantes alegaciones en contra, entre ellas del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN). Guerrero indicó que «si las alegaciones tienen suficiente calado para dar marcha atrás al convenio, se hará». «No se ha tomado aún ninguna decisión», apuntó.
Becerra insistió en que, según su criterio, es «una ilegalidad» mantener viva una licencia durante 15 años. «Yo lo que quiero es que se caduque. Si se puede otorgar otra no lo sé. Y si se ha de desclasificar, que se desclasifique», dijo, al tiempo que insistió en que no puede seguir «en el limbo» la prórroga solicitada por el promotor en 2009.
Petición de dimisión del alcalde
El portavoz de Ciudadanos preguntó al alcalde, Josep Marí Ribas, si pensaba «dimitir» en el caso de que la Fiscalía decidiera intervenir al apreciar algún indicio de ilegalidad. Primero, Guerrero le respondió que «no se ha cometido ilegalidad alguna» y que, por tanto, no hay razón para que intervenga la Fiscalía. Luego, el propio alcalde defendió, visiblemente enfadado, su «honestidad». «No me venga con tonterías. Puede ejercer la presión que quiera. Llevo demasiado tiempo en este trabajo y creo que puedo demostrar mi honestidad», dijo, para contraatacar con la misma pregunta: «¿Y piensa usted dimitir si le condenan por haber revelado secretos de un expediente? Ya hablaremos de ello», advirtió el acalde a Becerra.
Precisamente, Guerrero lamentó que la filtración de documentos de este expediente «ha puesto a los pies de los caballos a una técnico» del Ayuntamiento. Asimismo, insistió en que, según el criterio de esta letrada, la solicitud de prórroga de 2009 no se ha resuelto porque ese mismo año la promotora inició un contencioso administrativo (por la titularidad de la licencia) que paralizó los plazos y que éstos no vuelven a contar hasta que hay una sentencia firme. Becerra, en cambio, dijo que el proceso judicial se inició en 2012.
Caducidad de la licencia
Sobre si ahora el Consistorio se plantea declarar la caducidad de la licencia, Guerrero dijo que no lo sabía, pero recordó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «no lo recomiendan»
Asimismo, el primer teniente de alcalde recordó que desde 2005, cuando se concedió la licencia (el último gobierno de la época del PP del difunto José Serra Escandell), «los únicos que hemos intentado caducarla fuimos nosotros en 2016». «Y tuvimos que aceptar que no prosperara por las indicaciones de los técnicos, que entienden más que nosotros», subrayó, al tiempo que insistió en que 61 viviendas en esta zona son «una aberración» y que si Cs presenta una moción para pedir la desclasificación de la zona, la apoyará.
