El Govern balear ha suspendido la autorización de nuevos salones de juego en las islas durante los próximos dos años mientras pone en marcha un plan para «racionalizar» la oferta de establecimientos de máquinas tragaperras y apuestas.
El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, responsable del área de juegos de azar del Govern, señaló ayer en rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, que el objetivo es evitar que Balears se convierta en «unas Vegas low cost en el Mediterráneo» por la presión de corporaciones multinacionales del sector.
Yllanes detalló que en el archipiélago hay 148 salones de juego, cuatro bingos, tres casinos y un local específico de apuestas, y tanto en estos establecimientos como en otros hay instaladas 4.200 tragaperras.
Actualmente hay en tramitación cinco solicitudes para la apertura de nuevos locales de juego y el Govern ingresa en impuestos anualmente de este sector 34 millones de euros.
Un «problema social»
Un «problema social»
El vicepresidente del Govern indicó durante su comparecencia que hay una demanda ciudadana y política mayoritaria para frenar la proliferación de locales de juego porque «se ha convertido en un problema social» por su incidencia en adolescentes, personas de escasos recursos y poliadictos.
El conseller adelantó que el decreto de reordenación del sector del juego que comenzará a elaborarse una vez entre en vigor la moratoria aprobada este viernes contemplará medidas restrictivas como «cuotas de reposición» que condicionarán la concesión de nuevas licencias a la baja de establecimientos existentes en la actualidad.
Asimismo, se estudiará la ampliación de la distancia mínima entre los salones de juego y los centros escolares y zonas de ocio infantil y juvenil, que la ley autonómica en vigor establece en 100 metros.
La publicidad
La publicidad
El Govern abordará también la «colaboración con entidades deportivas para la desaparición de la publicidad en ámbitos lúdicos», agregó Yllanes, que destacó que la moratoria de dos años para nuevas salas de juegos es la más estricta establecida en España.
