La vicepresidenta primera del Consell de Ibiza, Viviana de Sans, reconoció ayer que hay «diferencias en los criterios jurídicos» entre la conselleria insular de Bienestar Social y el secretario del Consell insular. De Sans no quiso abundar en esta «diversidad de opiniones» con este profesional, al que asociaciones sociosanitarias han acusado de bloquear la aprobación de los conciertos sociales que llevan más de tres años esperando.

«Hay diferencias y cuesta, pero todo se está sacando gracias al empeño de la consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, y su equipo», indicó la vicepresidenta primera, que reconoció que esa diferencia de criterios, «que es conocida», hace que algunas tramitaciones del departamento de Bienestar Social vayan más lentas de lo que les gustaría. «Pero al final, se sacan adelante», insistió.

La plaza de secretario del Consell de Ibiza está ocupada en estos momentos de forma accidental. Es una de las tres de la institución que son de habilitación estatal. En marzo de 2017 tomó posesión de ella Víctor Almonacid quien, sin embargo, abandonó la isla por cuestiones personales al cabo de poco más de un año, en junio de 2018. De Sans explica que durante ese año sí notaron «más sintonía» entre Bienestar Social y la secretaría de la institución. Tras la marcha de Almonacid volvió a ocupar esta vacante, designado por el departamento de personal, del que es responsable la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, el secretario actual, que también había ocupado esta plaza antes de que se marchara el titular.

La vicepresidenta segunda, que prefiere no entrar en si han solicitado un cambio de secretario, destaca la necesidad de que esa plaza se ocupe «lo antes posible» de forma definitiva. Sí hizo hincapié en que las asociaciones prestan unos servicios que deberían ofrecer las instituciones, por lo que es «de justicia» que cobren por ello.

Marta Díaz defendió ayer con uñas y dientes al secretario de la institución. «Defenderé siempre a todos los funcionarios del Consell», indicó la consellera de Interior antes de alabar el trabajo de los servicios jurídicos de la institución.

Díaz aseguró «entender» a las asociaciones y recalcó que los conciertos sociales son «algo que no se había tramitado nunca», a lo que achacó la demora. «Lo fácil es cargar contra los trabajadores del Consell», disparó la consellera, que no quiso entrar en otro de los aspectos esgrimidos por las asociaciones: que la tramitación que aquí acumula más de tres años de demora, en Menorca se solventó en seis meses. «No voy a entrar en lo que hacen otras administraciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Balears nos ha dado la razón en algunos temas en contra de lo que había dicho el Consell Consultiu», presumió Díaz, que aseguró que la plaza está disponible para quien la quiera. «El problema es que no ha venido nadie. Es complicado porque Ibiza es una isla. Incluso llamé a Mallorca para ver si sabían de alguien y me dijeron que en el Consell de Mallorca estaban en la misma situación». «De todas formas, en estos momentos no hay nada de los conciertos en la mesa del secretario», concluyó.

Los conciertos sociales no son el primer problema que Bienestar Social ha tenido con la secretaría del Consell. Hace meses, la consellera, Lydia Jurado, también apuntaba a los servicios jurídicos del Consell porque le habían impedido contratar un psicólogo externo para la Oficina de la Dona, donde por la falta de este profesional se había acumulado, por primera vez en la historia, lista de espera.