El Gobierno central formalizó ayer con el de Balears el acuerdo por el que se avala Ley de Vivienda autonómica, incluyendo la cesión obligatoria temporal -durante siete años- de viviendas vacías de los grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. Este acuerdo supone que la norma balear, en unos casos se interpretará conforme a la Constitución Española (CE), y en otros se modificará, de forma que no será necesaria la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo. Dicho acuerdo fue firmado ayer por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons.

Este procedimiento -explicó el Ejecutivo- permite, entre otras cosas, iniciar negociaciones con el gobierno autonómico que promulga la ley para alcanzar un acuerdo que asegure que los preceptos que generan controversia se interpreten de acuerdo a la norma constitucional o, en su caso, se modifiquen para adecuarse a la jurispudencia del Tribunal Constitucional.

El acuerdo, en el BOIB y en el BOE

En su mayor parte, se trataba de discrepancias competenciales, al apreciarse que la norma balear invadía competencias del Estado en materia de fijación de justiprecios, funciones de notarios y registradores, ciertas materias relacionadas con la prestación de servicios sociales, o el establecimiento de las tarifas sobre derechos de alta del suministro de gas, y los derechos de alta y acometida. Ahora, el acuerdo alcanzado se insertará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Ante los medios de comunicación, el conseller explicó que «Baleares era la única comunidad que no tenia ley de vivienda» y, sin embargo, es una comunidad «con grandes problemas» en esta materia. Según remarcó, desde el inicio de la legislatura tenían «clarísimo» la necesidad de abordar «la problemática de la vivienda» para que «se inicie una trayectoria que no tenga vuelta atrás» y «para ello era necesario establecer un marco jurídico muy claro y conciso donde el ciudadano estuviera en el centro».

Pons explicó que ahora «no hay sombras de duda sobre la ley»y esta es «de total aplicación, salvo algunas pequeñas modificaciones que no tienen consecuencia en profundidad». «Son cuestiones más de matiz», agregó.

Así, consideró que es «un buen acuerdo» y resaltó «la disponibilidad y el talante del Gobierno» (de su mismo color político), que tal como dijo, «ha facilitado el acuerdo que con otro gobierno no hubiera sido posible». De esta manera, Pons remarcó que, con estas «pequeñas modificaciones» queda «resuelta la cuestión de constitucionalidad», de la ley. «No hay preocupación alguna respecto a un futuro cambio de gobierno, el siguiente trabajo es seguir desarrollando esta ley», afirmó el conseller.