El interventor del Consell de Ibiza pide que «se depuren responsabilidades» por la tramitación «ilegal» de las facturas de los servicios de acogimiento residencial especializado para menores tutelados por la institución insular con problemas de conducta que presta la Asociación de Madres Amadiba. Se trata de 18 facturas por valor de 63.260 euros, cuyo pago, al tener reparos de Intervención, tuvo que pasar por el pleno y fue aprobado con el voto en contra del PP, debido al alcance de las consideraciones del interventor. Tras este abono, la deuda del Consell con Amadiba se sitúa en 135.000 euros.
El pleno también desbloqueó el pago de facturas pendientes, con la abstención del PP, por los servicios de otras tres entidades sociales: 287,830 euros para la Asociación de Linares Von Schmiterlow (por el acogimiento de menores tutelados por el Consell con problemas de conducta), 74.524 euros a las Trinitarias Llar Santa Eulària (por la residencia y atención socioeducativa de menores en situación de desprotección) y 78.408 euros a la entidad Fundación de Solidaridad Amaranta (por el servicio de atención de menores víctimas de tráfico de seres humanos).
Los reparos del interventor en los cuatro casos, aunque sólo reclama que se depuren responsabilidades en el caso de Amadiba, se deben a que el Consell incumple la ley al no haber suscrito un contrato que ampare la prestación y el pago de estos servicios, que, tanto el equipo de gobierno como el PP, coincidieron en calificar de «esenciales e imprescindibles». Tras el pleno, la consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, justificó que, en el caso de Amadiba, el contrato ya estaba preparado, pero un cambio en la legislación ha obligado a rehacerlo, al tiempo que destacó que Amadiba es la única entidad en la isla que ofrece este servicio de atención a menores con problemas de conducta y que anteriormente la única posibilidad era enviar a los jóvenes a Mallorca.
Informe a la carrera
Informe a la carrera
La aprobación del pago de las facturas se presentó en el pleno por urgencia, hasta el punto de que a las 9.51 horas, nueve minutos antes del inicio de la sesión, el secretario general accidental de la Corporación recibió el encargo de emitir un informe sobre el de Intervención referente a las facturas de Amadiba. Esta situación obligó a suspender el pleno más de media hora. El día 10, Jurado dijo que en el pleno de este mes se iba a liquidar la deuda con Amadiba después de haberse completado los trámites necesarios. El dictamen que el secretario redactó ayer a contrarreloj indica que el interventor, pese a sus duras objeciones, emitió un informe favorable al pago de las facturas, y concluye también que «se deberán depurar las posibles responsabilidades que correspondan».
El conseller de Hacienda, Gonzalo Juan, argumentó que no ha habido «más remedio» que defender «los intereses de los menores por encima del procedimiento administrativo» y agregó, para justificar la necesidad del servicio de Amadiba, que «cuatro personas evitaron que un niño de 10 años se lanzara por la claraboya del Consell». «No hemos hecho lo que marca la ley, pero no teníamos otra opción», recalcó.
El portavoz del PP, Mariano Juan, criticó la falta de previsión del equipo de gobierno: «Los problemas no surgen de repente. Hay que cumplir la ley. Esto no es un club de amigos en el que se puedan adjudicar servicios a quien interese».
