El dictamen del Consell Consultiu sobre la subvención electoral al PP se hizo público ayer. El Govern reclamaba a los populares 153.322 euros y el alto órgano jurídico de la Comunidad lo rebaja en 7.195 euros. Si bien da la razón al Govern en que está bien planteada la reclamación, esta rebaja supone un freno importante para la izquierda, ya que todos los partidos del Pacto habían utilizado los 153.322 euros como arma política contra los populares en el Parlament. Los tres juristas del Consultiu del ala conservadora consideran que el PP no está obligado a devolver ningún dinero.
El Consultiu argumenta en su dictamen que el PP solo debe devolver el dinero correspondiente a la campaña autonómica, no la municipal. La reclamación del Govern se basa en varias sentencias judiciales que condenaron al PP de Matas por delito electoral por pagar 71.958 euros en negro a una empresa publicitaria, más el transporte y la edición de folletos para los municipios y el Consell de Ibiza y Formentera. Una operación que emana del caso Scala, también conocido como caso Colacao, donde el entonces conseller de Comercio del PP José Juan Cardona utilizó organismos públicos para editar y trasladar a Ibiza la propaganda electoral del partido. En el caso de los 71.958 pagados en negro ya fue condenado el entonces gerentes del PP y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal. Por la propaganda editada y enviada a Eivissa se condenó a Cardona y la que fuera gerente del Instituto de Desarrollo Industrial (IDI) Antonia Ordinas.
El Govern del Pacto, en concreto, lo que pretendía era anular la subvención electoral que le fue otorgada al PP por el Consell de Govern en base a la representación institucional obtenida en los comicios de 2007. La reclamación del Ejecutivo de Francina Armengol se sustentaba en los informes de la Sindicatura de Cuentas que a la vez reflejaban las sentencias judiciales.
