El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, considera que la querella del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, contra él, los concejales Mariano Juan y Pedro Marí y un funcionario municipal de los servicios económicos obedece a la intención de «coaccionar a los afectados para que adopten una resolución favorable a los intereses del querellante»; es decir, que se impida la construcción de un segundo hospital privado en la isla, el que promueve Juan Tur Viñas en Jesús.
A través de un comunicado, el equipo de gobierno sostiene que los hechos a los que se refiere la querella se hallan aún en fase de tramitación y no se ha adoptado ninguna resolución administrativa. Añade que Vilás ha podido presentar alegaciones tanto al proyecto urbanístico como al de actividades y que, en el caso de que las respuestas de los servicios técnicos y jurídicos municipales no le satisficieran, podría acudir a los juzgados, pero por la vía contencioso administrativa. «El hecho de que se plantee el conflicto por la vía penal tiene la clara intención de no valorar el fondo administrativo, sino de tratar de utilizar el tribunal y la exposición pública de la querella para coaccionar», resalta el comunicado.
Sin responder a las cuestiones que se denuncian en la querella, el comunicado defiende «la corrección y la legalidad del proceso», que, insiste, «continúa su tramitación».
El alcalde ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de la querella, ya que, según dice la nota, entiende que ésta obedece «única y exclusivamente al interés particular de la empresa querellante de mantener el monopolio de la sanidad privada en la isla». «De hecho, la persona que firma la querella y sus empresas no están domiciliadas en el municipio. Así, su condición de interesado resulta sólo de la competencia que le puede suponer la construcción y apertura de otro centro sanitario en Ibiza», dice.
El equipo de gobierno también considera «sorprendente» que la querella se dirija al alcalde y a dos concejales y «no contra la junta de gobierno, que es el organismo colegiado responsable por el momento de este procedimiento».
El proyecto está presupuestado en más de 27 millones de euros, pero la inversión global asciende a entre 60 y 65 millones, según se relata en la querella.
