En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto cinco expedientes de disciplina urbanística cuyo valor económico (por las obras supuestamente cometidas ilegalmente) asciende a algo más de dos millones de euros, casi 10 veces más que el de los 17 expedientes iniciados en 2014 (256.416 euros). La causa del fuente incremento del valor económico de los procesos iniciados este año se debe a que afectan a «cuatro casas grandes» y al complejo turístico de al menos 21 habitaciones llamado Casa Lola, en el paraje de Davall sa Serra.
El Consistorio calcula que las edificaciones ilegales levantadas en Casa Lola están presupuestadas en 1,4 millones de euros. Un portavoz municipal explica que cuando se abre expediente de disciplina urbanística se hace por el valor del coste de las supuestas ilegalidades cometidas y que la posterior sanción económica puede ser «como mínimo por dicha cantidad o bien puede alcanzar hasta el 250% de la misma». La cuantía total, en el caso de que se resuelva que se tiene que pagar una multa, se decidirá en el momento en que se cierre el expediente, según las fuentes municipales consultadas.
La polémica por las obras del complejo turístico de Casa Lola se remonta dos años atrás como mínimo. La responsable de las instalaciones, Paquita Sánchez, que es la misma a la que la Demarcación de Costas precintó unas obras también ilegales en sa Caleta, dentro del Parque Natural de ses Salines„ ejecutó las obras sin licencia. El Consistorio precintó las obras en marzo de 2013, y tras la rotura del precinto denunció los hechos en la Fiscalía.
Orden de demolición anterior
El anterior equipo de gobierno abrió un expediente de disciplina urbanística a la propiedad de la finca y le dio, en agosto de 2011, un plazo de diez días para derribar voluntariamente las construcciones levantadas hasta ese momento de forma ilegal: una piscina y una terraza anexa, una edificación de 50 metros cuadrados y un porche, una construcción de 30 metros cuadrados, otra de 50, dos casas de 200 metros, un depósito de agua y una estructura de piscina de 52 metros. Entonces, se impuso una sanción económica de 192.000 euros.
La propiedad cursó una petición de legalización de lo construido sin licencia, pero un portavoz del Consistorio asegura que «muy poca cosa» se puede salvar, puesto que las obras acometidas «no cumplen los requisitos que determina la ley del suelo». Así, en el mismo expediente de disciplina se debe resolver la demolición de las obras ilegales.
Un portavoz municipal explica que se ha tardado tanto en iniciar este expediente de disciplina urbanística porque había «una cola importante en el departamento sancionador». «Se pretende ir sacando todo», agrega.
17 expedientes en 2014
El año pasado Sant Josep inició 17 expedientes de disciplina urbanística por un valor de 256.416 euros y resolvió nueve por un importe de 39.035 euros. Hay que tener en cuenta que buena parte de los procedimientos resueltos seguramente se arrastraban de años anteriores.
En 2014 se derribó una construcción y nueve parcialmente. Lo recaudado en 2014 por expedientes sancionadores, tanto urbanísticos como de actividades u otro tipo, ascendió a 143.962 datos, según el equipo de gobierno, que compara dicha cuantía con los 33.816 euros ingresados en 2011, el último año gobernado por la izquierda hasta noviembre, cuando se aprobó la moción de censura.
