La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha reconocido este jueves que la posibilidad de que el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, salga del equipo de gobierno "no está sobre la mesa". Escandell es uno de los afectados por la apertura de un juicio oral por supuestos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el caso de Ca ses Castellones.
Juan ha afirmado que, como institución, no han recibido ninguna comunicación oficial "de nada" sobre la apertura de juicio oral contra varios miembros de Gent per Formentera (GxF), entre ellos el expresidente insular Jaume Ferrer. Juan ha deseado que el proceso se resuelva "lo antes posible y de la mejor manera".
En declaraciones a los medios, Juan ha explicado que sí ha mantenido una conversación con uno de los afectados, el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, quien, según la presidenta, "se muestra tranquilo".
Asimismo, Juan ha expresado su "respeto absoluto" hacia cualquier procedimiento judicial que esté relacionado con la institución y, sobre la posibilidad de que el Consell abone parte de la fianza impuesta, ocho millones de euros, ha reiterado que, por el momento, no tienen ninguna notificación al respecto.
"En el momento en que tengamos algún comunicado, tomaremos las decisiones que debamos adoptar", ha dicho también.
En concreto, en la causa están implicados, además del expresidente y el conseller de Hacienda, los exconsellers Sonia Cardona y Pep Mayans.
En un comunicado difundido en la noche del miércoles, GxF aseguró que los cuatro son "víctimas de la instrumentalización de la Justicia por parte del empresario" que interpuso la denuncia.
Según explicaron, les acusan de desobediencia por no demoler tres edificios comerciales en la zona de Ca ses Castellones, aunque hace diez años que estos locales fueron derruidos.
GxF aclaró que la afirmación se refiere a los tres edificios construidos en el solar de Ca ses Castellones con una licencia otorgada durante el gobierno de PP, GIF y PREF, entre 2003 y 2005, y que fue declarada nula en 2009 mediante sentencia judicial ordenando la demolición de las obras. En noviembre de 2012, ha recordado GxF, la demolición fue ejecutada y notificada al juzgado correspondiente.
