La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha estimado parcialmente, según sentencia del pasado 27 de abril, un recurso de apelación presentado por la empresa Sunway, propietaria de la Ciudad de Vacaciones Punta Prima, contra la desestimación, en primera instancia, de una demanda de nulidad de las licencias de obras que otorgó el Consell de Formentera, en 2012, en Punta Gavina para la construcción de dos mansiones de 400 metros cuadrados en esa zona.
Ahora, la sentencia declara que "los actos administrativos impugnados son disconformes con el ordenamiento jurídico y los anulamos", y acuerda: "la retroacción del procedimiento administrativo al momento en que el Consell Insular de Formentera acuerde la tramitación en forma, admitiéndose la solicitud de revisión interesada por la parte de la actora Sunway SL y resolverla como en derecho sea".
Es de decir que el Consell tendría que realizar la revisión de las mencionadas licencias desde el momento en que fue solicitada por la mercantil Sunway, propiedad de Leo Stöber. Sin embargo, el equipo de gobierno no comparte este dictamen y lo ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo al considerar que ha actuado de forma correcta.
La interpretación que realiza la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer, de esta última sentencia del TSJB es que "nos pide que tenemos que revisar el trámite, el procedimiento administrativo, que no significa que se haya anulado la licencia, nos pide la revisión porque según el Tribunal no se cumplieron los plazos de exposición pública". Para la consellera este tema es "menor y como mucho el Consell no habría cumplido con la publicación en el plazo marcado".
En caso de que el Tribunal Supremo considere que el Consell debe revisar esas licencias será, según Ferrer "para subsanar los temas puramente administrativos". La responsable de Territorio insistió en que en la sentencia del TSJB "no se dice que esas licencias se hayan dado de forma incorrecta, como dice el propietario de Sunway".
Alejandra Ferrer enmarca esta resolución judicial en "una estrategia judicial dentro de toda una serie de contenciosos y denuncias penales que ha interpuesto este señor [Leo Stöber] para conseguir su objetivo que es construir 16.000 metros cuadrados en Punta Prima". Opina que lo que pretende este empresario "es desprestigiar al Consell en la línea de sus otros procedimientos en contra de las Normas y allí tenemos una sentencia reciente que desestima en casación su recurso contra las Normas Subsidiarias".
