El Consell de Formentera abre una nueva vía para resolver el conflicto del reparto de las herencias intestadas sin beneficiarios legítimos sin excluir a la Comunitat Autònoma. La comisión de gobierno de Formentera aprobó ayer el escrito de alegaciones a la Ley de Presupuestos del Govern que presentará al Parlament para defender que las herencias sin beneficiarios sean para el consell y el ayuntamiento de la última residencia del difunto (Formentera tiene esta doble condición) sin la intermediación de la Comunitat Autònoma. De todos modos, Formentera propone una modificación de la Compilación del Dret Civil de Balears en la que no se excluye la participación de la Administración balear.

El secretario de la Corporación, Ángel Custodio Navarro, considera que no basta con la retirada del artículo 41 bis de la Ley de Patrimonio de la Comunitat Autònoma (la que regula que el Govern debe liquidar y repartir este tipo de legados entre consells y ayuntamientos) para garantizar la autonomía de las administraciones locales sobre esta cuestión, ya que si no se aprueba «otra norma equivalente» que determine a qué institución le corresponde gestionar estas herencias, los consells y ayuntamientos quedarían «desamparados».

Por ello, el Consell de Formentera plantea, en sus alegaciones, una nueva versión del 41 bis, aunque, en este caso, se incorporaría en la Compilación del Dret Civil. Este nuevo artículo especificaría que los consells insulares, «en estrecha colaboración con el ayuntamiento correspondiente», serán los responsables de tramitar la declaración de condición de heredo intestado (función que ahora ejerce el Govern). El procedimiento lo marcaría el reglamento que los consells deberían aprobar, según especifica la institución insular.

También prevé que el acuerdo al que lleguen los consells y los ayuntamientos sobre el reparto de las herencias deberá ser ratificado por el Consell Consultiu. En todo caso, lo más significativo de esta propuesta es el hecho de que se introduce que si las dos administraciones locales consideran de «manera consensuada» que los bienes pueden tener relevancia o especial interés autonómico [un cuadro, por ejemplo], se comunicará al Govern para que, si considera, pueda atribuirse su titularidad «compensando económicamente a consells y ayuntamientos». Es decir, que sean las instituciones locales las que ofrezcan esta posibilidad al Govern y no sea éste el que lo decida. También se ha remitido esta propuesta al Consell Assessor del Dret Civil de Balears.