El reto de acceder a una vivienda cuando se construye la mitad de la necesaria

Como un hilo que ha recorrido de principio a fin esta legislatura, la vivienda ha sido uno de los temas que más ha marcado la agenda del Gobierno de coalición. Presente en cada negociación presupuestaria, la nueva Ley de Vivienda ha sido la piedra con la que PSOE y Unidas Podemos han ido tropezando cada pocos meses, hasta aprobarla el pasado mayo, cuando Pedro Sánchez arrancó con sus anuncios sobre la construcción pública de vivienda en plena campaña del 28M. Ahora, aún queda carrete. El precio disparado de los alquileres y la subida de las hipotecas variables auguran para el Ejecutivo que salga de las urnas un duro reto que se sitúa ya entre los cinco asuntos que más preocupan a los españoles.

España cuenta con un mercado de varias velocidades: las grandes ciudades, especialmente las que atraen turismo, tienen un mercado inmobiliario desbocado, mientras en la 'España Vaciada' los ritmos de crecimiento son más lentos. De media nacional, el precio del alquiler está en máximos históricos y acumula una subida del 18% en los últimos cinco años. También los precios de venta han crecido en los últimos años, situándose en cotas no alcanzadas desde el año 2011, aunque sin recuperar los precios registrados antes del estallido de la burbuja de 2008.

Ninguna agente del mercado alerta de burbuja y la falta de una oferta que supla la alta demanda seguirá siendo el catalizador de nuevos aumentos de precios en compra y en alquiler. España construye la mitad de casas que se necesita, teniendo en cuenta los hogares que se crean cada año, y el parque de viviendas en arrendamiento es limitado y está poco profesionalizado.

Tras cuatro años de gobierno, socialistas y morados dejan como legado una Ley de Vivienda que, principalmente, intentaba atajar el problema de los altos precios de los alquileres. Con esta norma se han topado las actualizaciones anuales de las rentas y se han reforzado los derechos de los inquilinos. Sin embargo, la aplicación del grueso de la ley queda en manos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de vivienda. Aquellas gobernadas por el PP ya han avisado que no harán uso de la ley.

¿Qué iniciativas se han propuesto?

Ante esta realidad, Sánchez anunció durante la campaña de las elecciones autonómicas y locales la construcción de más de 110.000 viviendas públicas. El adelanto electoral deja paralizada esta promesa del jefe del Ejecutivo, que aprobó otras medidas para hacer frente a este reto, como la concesión de avales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los jóvenes y familias con menores a su cargo de hasta el 20% de su hipoteca.

A pesar de que los avales hacen más accesible la compra, la mayoría de iniciativas hasta la fecha van destinadas a abaratar el alquiler. La principal son los planes de colaboración público-privada, en la que las administraciones ceden suelos a empresas, con la intención de que construyan pisos en alquiler a un precio pactado por debajo de mercado. Se trata de una de las fórmulas más rápidas para ampliar el parque público de vivienda en alquiler a precios asequibles. Desde el ámbito estatal se deberán garantizar las condiciones para que el capital inversor siga apoyando estas iniciativas, principalmente en un contexto macroeconómico de costes de financiación más altos.

Otro de los retos será la actualización de la Ley del Suelo. Tal y como destacó el Banco de España en su último estudio, España debe modificar su legislación en esta materia para acelerar la producción de terrenos finalistas donde poder construir más vivienda. Desde la secretaría de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera trabajaba en una nueva norma, que llegó a estar en consulta pública, pero fue aparcada tras su cese por el escándalo de los trenes en Cantabria. Ahora, el nuevo Ejecutivo que resulte del 23J deberá decidir si retoma esta iniciativa legislativa. También, desde las patronales de la construcción reclaman iniciativas públicas para atraer mano de obra extranjera.

Las soluciones no son sencillas ni rápidas. Así, la patronal de las promotoras plantea ya la necesidad de un acuerdo de Estado que permita consensuar una política a largo plazo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también es partidario, aunque por el momento apenas ha concretado cuáles son sus propuestas. Lo que está claro es que gobierne quien gobierne tendrá que lidiar con una población cada vez más preocupada por lo que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, la vivienda.