La UE pacta una norma diluida contra las multinacionales que socaven los derechos humanos

La nueva directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDD en sus siglas en inglés), que obligará a las multinacionales a responsabilizarse y controlar que todos sus suministradores respetan los derechos humanos y el medio ambiente, ha logrado este viernes el aprobado de los gobiernos europeos, aunque a costa de quedar diluida. El compromiso aceptado elimina los sectores de alto riesgo y reduce el campo de ampliación a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación en la UE.

Las reservas de 14 estados miembros hicieron que el intento de cerrar un acuerdo fracasara hace dos semanas. Este viernes han sido 9 los países que se han abstenido mientras que una décima delegación ha planteado una reserva, aunque insuficientes para formar una minoría de bloqueo como sí ocurrió en febrero. Entre ellos no estaban ni España, ni Francia ni Italia que han apoyado la aprobación de la norma. Alemania, en cambio, como Austria y otras delegaciones de Europa central y del este, se ha mantenido en la abstención.

Las nuevas reglas se aplicarán a las empresas europeas con más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación anual frente a los 500 empleados y 150 millones de facturación que figuraban en la propuesta inicial. Además, también quedarán cubiertas las empresas de terceros países que facturen en la UE 450 millones de euros. Se elimina sin embargo el epígrafe sobre sectores de alto riesgo que existía en la propuesta original. Es decir, se elimina del ámbito de aplicación a las compañías de más de 250 empleados y una facturación de 40 millones si al menos 20 millones se generan en sectores como la fabricación y comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir, calzado o agricultura.

Esto significa, según la oenegé Oxfam, que menos de 5.500 empresas europeas tendrán que cumplir la ley, frente a las 17.000 estimadas según el acuerdo cerrado en diciembre. “Si la ley entra en vigor a finales de 2024, la mayoría de las empresas (de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación) sólo tendrán que cumplir las normas a partir de 2029. Aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a 1.500 millones de euros tendrán que cumplir a partir de 2027” mientras que las empresas con más de 3.000 empleados y una facturación anual de 900 millones de euros, lo tendrán que hacer a partir de 2028. Una vez que la comisión de asuntos jurídicos de el visto bueno al texto retocado por los Veintisiete será el pleno quien concluya la tramitación con la votación en la sesión plenaria de abril.