El Gobierno aprueba los avales públicos para que 50.000 jóvenes y familias compren viviendas

El Consejo de Ministros ha retomado este martes la línea de avales de 2.500 millones de euros, anunciada en mayo del año pasado y frenada por las elecciones generales de julio, con la que prevé facilitar que 50.000 jóvenes de entre 18 y 35 años y familias sin límite de edad con hijos menores a cargo puedan acceder a la compra de una vivienda. El Estado, así, avalará el 20% del valor de la transacción (medido como la cantidad más baja entre la tasación o el precio de compra), con el objetivo de que los bancos financien el 100% y los compradores solo tengan que tener ahorrado el 10% para hacer frente a los gastos, como impuestos, notaría y registro. Si la vivienda tiene una calificación energética D o superior, el aval podrá llegar al 25%.

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Los beneficiarios deberán tener unos ingresos individuales máximos de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble (75.600 euros). También hay factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional. Adicionalmente, el patrimonio de los compradores no podrá superar los 100.000 euros.

Los beneficiarios, asimismo, deberán acreditar que llevan viviendo legalmente en España al menos durante dos años de forma contínua e ininterrumpida. Los avales solo beneficiarán la compra de primeras viviendas (no segundas residencias o adquisiciones como inversión). El aval tendrá una duración de 10 años (con independencia de que el crédito tenga un plazo mayor). Durante esa década, los compradores deberán residir en el inmueble de forma permanente (solo podrán alquilarlo en caso de circunstancias que exijan un cambio de residencia, como matrimonio, separación o traslado laboral).

Precio máximo de la vivienda

La línea estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el Gobierno ha dejado abierto prorrogarla por dos años más. Una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a las condiciones de la misma, el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) firmarán ahora un convenio para implementar y gestionar los avales. En dicho convenio, se establecerá un precio o tasación máxima de las viviendas que puedan ser adquiridas con cargo a la línea, que "podrá fijarse en función del ámbito territorial" en que se ubique. Dicho valor máximo podrá ser modificado por la comisión de seguimiento que se creará.

Las entidades financieras podrán luego adherirse al convenio y comenzar a conceder los préstamos avaldos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado confiada en que los bancos se suman al proyecto y ha apuntado que tanto su departamento como el Ministerio de Economía ya han mantenido reuniones con el sector. Como guiño, el coste del aval, que inicialmente iba a ser asumido por las entidades, será finalmente gratuito para las mismas, como también para los compradores.

Rodríguez ha recordado, asimismo, que los compradores deberán tener unos ingresos estables y que, en función de estos ingresos, los bancos decidirán cuál es el importe máximo que están dispuestos a prestarles, lo que en la práctica ya supone un límite al precio de los inmuebles. "El objetivo es que que ningún ciudadano o ciudadana tenga que destinar más del 30% de su salario para pagar el alquiler o la hipoteca", ha apuntado, en referencia al límite que comunemente se considera como financieramente prudente.

Dificultad de la entrada

Desde la anterior crisis financiera, los bancos solo financian por lo general un máximo del 80% del valor de compra o de tasación de la vivienda. Se trata de una medida de prudencia impuesta por los supervisores para que no se vuelvan a repetir las cuantiosas pérdidas que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria y que causaron la desaparición de buena parte de las cajas de ahorro. Con el aval del 20%, el Gobierno pretende que jóvenes y familias con menores puedan acceder a un préstamo equivalente al 100% del valor del inmueble. Eso sí, los compradores deberán tener ahorrado el equivalente al 10% del valor de la operación, ya que esa es la cantidad aproximada que es necesario desembolsar para afrontar los gastos adicionales (como impuestos, notaría y registro). 

La medida ya era conocida, la anunció por primera vez Pedro Sánchez en mayo de 2023, en un acto en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, en la que el presidente encadenó varios anuncios sobre esta materia, también la construcción de cientos de miles de nuevas viviendas públicas. El Consejo de Ministros llegó a encomendar aquel mismo mes al Ministerio de Transportes y al ICO a articular la línea de avales, pero la convocatoria de las elecciones generales de julio paralizaron el proyecto.