Primera multa a Glovo por incumplir la ley Rider, que reserva hasta 400 millones para sanciones

La Inspección de Trabajo ha emitido la primera multa contra Glovo por incumplir la conocida como ‘ley Rider’. Si bien no es la primera vez que la ‘policía laboral’ sanciona a la empresa de reparto a domicilio por emplear a sus repartidores como falsos autónomos, sí es la primera vez que finaliza una actuación que contempla operaciones posteriores al 12 de agosto del 2021, cuando entró en vigor la ley de trabajo en plataformas española. 

Una sanción que llega como antesala de las multas millonarias que prepara la autoridad laboral contra la plataforma digital una vez finiquite en 2024 las actuaciones en Barcelona y Madrid. Para las que Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, tiene reservados hasta 400 millones de euros para pagar potenciales sanciones.

Según ha podido saber este medio, Glovo ha sido sancionado por emplear de manera fraudulenta a 49 'riders' en Asturias. La Inspección de Trabajo ha acreditado que el modelo ‘flex’, que es el que puso en marcha Glovo para esquivar la presunción de laboralidad que marca la ‘ley Rider’, también incumple con la normativa y que la organización y el control del trabajo siguen pivotando sobre el algoritmo de la plataforma digital, lo que resta autonomía a los repartidores y obligaría a Glovo a tenerlos empleados como asalariados. 

"Se trata de una propuesta provisional de la Inspección Laboral para el caso concreto de 49 repartidores, de un total de 19.000 que operan a través de Glovo. Se basa, además, únicamente en el testimonio de dichos repartidores y no en un análisis de las características operativas actuales de la app de Glovo en España. Seguimos defendiendo la legalidad de nuestro modelo", declaran fuentes de Glovo a preguntas de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Seguimos defendiendo la legalidad de nuestro modelo

Glovo

Modelo laboral polémico

Glovo se ahorra una cantidad importante de dinero por tener a un repartidor como autónomo, ya que así no tiene que pagarle la Seguridad Social, ni las vacaciones, ni las bajas por incapacidad temporal, ni el teléfono, ni el vehículo. Cuestiones que, según el modelo con el que lleva operando la plataforma -y la mayoría de sus competidores en el sector- desde que inició operaciones en España, corren a cargo del bolsillo de los ‘riders’.

La multa por los 49 repartidores asturianos es pionera de Inspección de Trabajo y constituye la antesala de sanciones mucho más cuantiosas a nivel monetario para Glovo. La plataforma emplea actualmente a unos 19.000 ‘riders’ en toda España y la ‘policía laboral’ está ultimando actuaciones similares en otras ciudades, principalmente Barcelona y Madrid. En las dos grandes urbes españolas, según ha podido saber este medio, los agentes de la Inspección están recabando datos de decenas de miles de repartidores desde hace más de un año. 

Lo que, de coincidir el resultado con la actuación ya finiquitada en Asturias, donde impera el mismo modelo pero a pequeña escala, supondría sanciones millonarias para Glovo. Como antecedentes, entre finales del 2022 y principios del 2023 trascendieron multas por valor de 135 millones de euros a la compañía fundada por Óscar Pierre por emplear a unos 17.000 falsos autónomos en Barcelona, Madrid y Valencia. 

Pulso entre Glovo y Trabajo

El pulso entre Glovo y el Ministerio de Trabajo se recrudece. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz amenazó en septiembre del 2022 a la empresa de reparto con llevarla ante fiscalía si no cesaba en lo que tachó de desafío a la normativa laboral española. En agosto del 2023 su número 2, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, repitió la amenaza de iniciar acciones penales por una presunta vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores. No obstante, de momento el Ministerio de Trabajo no ha iniciado esas actuaciones penales. 

En paralelo, las pesquisas de Inspección siguen sus cauces y las multas se acumulan sobre la mesa de Glovo, para malestar de su propietario alemán, Delivery Hero. El gigante del reparto ha apartado "una cantidad máxima de 200-400 millones de euros" para pagar potenciales multas que puedan surgir por su actividad durante "el período comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2023", según consta en la memoria de resultados del tercer trimestre presentada por Delivery Hero a sus inversores.

Los alemanes no prevén que el conflicto con el Ministerio de Trabajo vaya a menos, a tenor de los “30-45 millones de euros por trimestre” que reservan hasta "que se encuentre una resolución", según consta en la presentación remitida a sus inversores el 14 de noviembre. "Seguimos evaluando el encuadramiento adecuado [de los repartidores] mientras la autoridad laboral continúa impugnando la condición de los ‘riders’. […] Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con el Gobierno de España para encontrar una solución que le valga a todas las partes implicadas", añaden.

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