La OCU inicia las demandas para defender a 4 millones de usuarios afectados por el cártel de los coches

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado las primeras demandas colectivas para defender a unos 4 millones de usuarios afectados por el cártel de los coches entre los años 2006 y 2013. Durante este periodo, 21 marcas de fabricantes y distribuidores se aliaron para pactar precios, según afirmó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2016, lo que supuso que muchos consumidores pagaran por sus vehículos un precio más alto que el que deberían haber pagado. El objetivo es conseguir una indemnización de alrededor del 10,61% sobre el precio final de compra, que ascendería a un total de entre el 14% y 17,5% con los intereses de demora, en función de la fecha de adquisición del vehículo, y que sitúan en una media de 3.000 euros por automóvil.

La demanda presentada por la OCU representa a todos los clientes afectados por "intereses difusos", es decir, a todos los afectados por el mencionado pacto de los precios que la organización estima en unos 4 millones de personas. Esto es así por la legitimación que concede las leyes a las organizaciones más representativas. Los consumidores afectados no tendrán que pagar provisionalidades ni honorarios, sino que solo en caso de éxito de la acción tendrían que pagar un 17% más IVA, si son socios de la OCU, y un 25% más IVA, si no lo son, sobre la indemnización.

En concreto, se han presentado tres primeras demandas colectivas sobre el cártel del automóvil que afectan a un total de 13 fabricantes --Porsche, Seat, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai y Chevrolet; contra Nissan, Mercedes, Lexus y Toyota; y contra Honda y Volvo. A ella se sumarán otras cuatro demandas que afectarán al resto de marcas --contra Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrystler, Jeep and Dodge; contra Ford, Mitsubishi y BMW; Kia y Mazda, y Renault--. Según ha explicado el abogado Eliseo Martínez, del despacho Ius + Aequitas, que colabora en la demanda con la organización de consumidores, el procedimiento puede llevar entre 4 y 7 años si se agotan todas las instancias hasta el Tribunal Supremo.

El objetivo, señala la portavoz de la OCU Ileana Izverniceanu, de este tipo de acciones es siempre "maximizar el beneficio del consumidor", de forma que si durante el proceso valoran que "es más beneficioso un acuerdo prejudicial, así lo sellarán". Estas demandas suponen la continuación de las acciones que OCU inició en 2020 mediante "diligencias preliminares" que han resultado fallidas, dado que "alguna de las administraciones públicas requeridas ha negado la colaboración solicitada", según añade.

En conjunto, las compañías sancionadas por la CNMC tuvieron que pagar multas por un importe total de 171 millones de euros. El Grupo Volkswagen, que incluye también a Seat, Audi, Skoda y Porsche, se libró de la sanción por delatar al resto de compañías, en el marco del programa de clemencia que tiene la CNMC. Las compañías implicadas en la actuación de la CNMC copaban una cuota de mercado del 91%. Las multas más importantes correspondieron a General Motors España, con 22,8 millones, seguida por Ford (20,2), Renault (18,2), Peugeot (15,7) y Citroën (14,7).