Una vecina de Vila ha comenzado una campaña de recaudación de fondos para donar a la labor que un voluntario está llevando a cabo en el centro de la isla y ayudarle a pagar la sanción administrativa impuesta por el Ayuntamiento el pasado abril «por repartir alimentos a familias vulnerables durante el confinamiento».
Como dice el texto de la descripción de la colecta, de momento, «un empresario ibicenco se ha ofrecido de forma anónima a pagar la multa y los costes del abogado para poder recurrir», por lo que, de ser así, el dinero de la recaudación se destinaría a continuar con la labor del reparto de alimentos.
«Sé de buena tinta que hay muchísimas personas que quisieran poder seguir ayudando a Cristobal, así que he decidido seguir adelante con esta campaña de recaudación para que el grupo de La Voz de los que Nadie Quiere Escuchar pueda continuar con lo que mejor saben hacer durante muchos meses más», continúa el texto.
El dinero que se recaude se empleará para cubrir el alquiler del local, los recibos y otros gastos que ahora «se pagan de bolsillos propios», explica la vecina comprometida.
Multa de 1.500 euros
Por su parte, Red de Apoyo Mutuo Ibiza mandó una nota el pasado jueves explicando que el pasado mes de abril varios voluntarios de La voz de los que Nadie Quiere Escuchar repartían alimentos en un local cedido en Vila por un particular, «respetando las medidas sanitarias en todo momento».
El Ayuntamiento interpuso entonces una multa de 1.500 euros (que está semana se ratificó) contra una de las personas del colectivo, integrado por cuatro asociaciones, ya que, según asegura el Consistorio, no tenía permiso administrativo para realizar esa labor.
Ahora, estas entidades de la isla consideran «inadmisible» que la «solidaridad esté condicionada a arbitrariedades como la descrita o a la tutela y supervisión del Estado».
También exigen al Ayuntamiento que retire la denuncia, ya que según el colectivo «vulnera» el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que ampara la «asistencia y atención a mayores, menores, personas con dependencia, discapacidad o especialmente vulnerables».
Desde el Ayuntamiento de Ibiza explican en respuesta a las críticas que, durante el estado de alarma, instó a este voluntario a que el local que utilizaba funcionase con «todas las medidas de seguridad y con licencia», al igual que cualquier persona que abre un local, y recuerdan que se le requirió que solicitara una licencia para poder realizar esta tarea con garantías legales.
