El municipio de Sant Josep, habitual epicentro del turismo de beach club de la isla, tiene ante sí el reto de aplicar con éxito este verano las primeras normativas aprobadas para terminar con el ruido y el exceso de aforo en los locales de ocio.

Aunque en 2014 el PP ya obligó a instalar limitadores de sonido en todos los establecimientos musicales de Platja d'en Bossa, el actual equipo de gobierno aprobó en enero de 2017 una ordenanza que extiende esta obligación a todos los locales con aparatos de música del municipio. Se trata de una medida con la que se pretende que «todos tengan la misma regulación y las mismas limitaciones», señaló el equipo de gobierno que dirige Josep Marí Ribas.

Dado que cuando se aprobó esta norma, se otorgó el plazo de un año a los locales para que se adapten a la misma, este será el primer verano en que estará vigente y la Policía Local podrá sancionar a aquellos establecimientos que no tengan instalado y en funcionamiento el citado limitador.

Paquita Ribas, concejala de Gobernación del Ayuntamiento de Sant Josep, explicó ayer a este diario que los limitadores ajustarán automáticamente la emisión de sonido a 65 decibelios como máximo. «El aparato ya limita el volumen de sonido desde el momento en que se emite», señaló la concejala.

Entre los negocios que están obligados a tener instalados ya en este momento los citados limitadores figuran, según la Ley Turística, tanto las discotecas y salas de fiesta como los locales con actividades de entretenimiento, restaurantes, bares y cafeterías, e incluso hoteles o apartamentos turísticos que dispongan de equipos de músicos.

La aprobación de esta ordenanza (en realidad, una reforma de la aprobada por el PP) ha generado recelos entre los partidos de la oposición municipal sobre los medios que tendrá el Ayuntamiento para hacer cumplir la obligación de estos limitadores.

Control de aforos

La segunda norma que estrenará esta temporada el Consistorio es el control de aforos, como también harán otros municipios, entre ellos el de Sant Antoni.

En primer lugar, los locales de ocio cuya capacidad supere las 200 personas están ya obligados, desde hace unos meses, a tener instalado un sistema automático de control que cuenta mediante sensores de paso el número total de personas que hay en cada momento en el interior del establecimiento.

Además, dichos locales están obligados a colocar, en un lugar muy visible, un cartel indicando el aforo máximo y tendrán que designar a una persona responsable del control de aforo. Esta persona será la que tendrá que evitar que continúe la afluencia de público en cuanto se llegue al tope.

Sin embargo, algunas empresas afectadas no parecen haber acogido favorablemente estas nuevas normas, según admitió la concejala Paquita Ribas. Cuando se le preguntó si el Ayuntamiento ha comprobado ya que se hayan instalado todos estos aparatos, tanto los de sonido como los de aforo, respondió: «Lo que hemos comprobado es que los empresarios están muy atacados y muy rebotados». Prueba de ello es que ya se han presentado recursos judiciales para tratar de anular la ordenanza sobre los aforos.

En todo caso, la responsable de Gobernación se mostró convencida de la legalidad de las decisiones adoptadas y confirmó su intención de aplicarlas en tanto no haya una orden judicial que lo impida.

Ribas confirmó, por otra parte, que tampoco la normativa municipal de Sant Josep contempla la figura de club de playa, con lo que ninguno de los existentes dispone de autorización como tal. «Sólo pueden funcionar como restaurante», dijo. En todo caso, admitió que la ley les permite desarrollar actividades secundarias a la principal, tal y como contempla la Ley Turística aprobada por el Govern del PP.