La sentencia emitida en octubre de 2016 por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca, en la que se respaldaba la orden de derribo de Casa Lola dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep, permanece bloqueada porque está redactada en catalán. Así lo confirmó ayer a este diario el concejal de Urbanismo del Consistorio, Ángel Luis Guerrero, quien señaló que esta situación impide dar por notificada la citada sentencia a la propiedad, de modo que ésta «gana tiempo» en su estrategia de oposición al derribo.

En octubre de 2016, el juzgado falló a favor del Ayuntamiento ante un recurso de la propietaria para tratar de impedir la demolición de la vivienda, que es objeto de fiestas y actividades turísticas durante todo el verano, pese a carecer de las licencias necesarias. Sin embargo, la empresa de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña de la casa, alegó «indefensión» por desconocimiento del idioma.

Ante esta situación, el juzgado pidió la correspondiente traducción del documento a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Balears, lo que tuvo lugar pocos días después, en el mismo mes de octubre de 2016.

Quince meses de retraso

Sin embargo, a día de hoy, quince meses después, esa traducción todavía no ha podido realizarse, con lo cual la sentencia no se ha podido dar aún por notificada y, de este modo, no han empezado a transcurrir los plazos para que la propiedad pueda presentar los recursos que considere necesarios.

Ángel Luis Guerrero señaló que ello es debido a la falta de personal del Ministerio de Justicia en Balears para realizar estas traducciones. También recordó que los abogados de Sánchez Ordóñez son catalanoparlantes y, por tanto, conocen esta lengua, cooficial en Balears.

La sentencia establece que deben demolerse ocho dependencias en planta baja, terrazas cubiertas y descubiertas, dos piscinas, una cisterna, varios muros de cierre de la parcela y divisiones interiores. En total, las construcciones que deben derribarse suman casi 2.000 metros cuadrados de superficie. Ninguna de ellas contaba con licencia de obras.