El abogado de los 15 propietarios de terrenos en Benirràs que no pueden construir, ni por ahora recibir una indemnización, según la reciente sentencia del Tribunal Supremo, culpa de esta «injusticia» no sólo al Govern balear sino también al Ayuntamiento de Sant Joan por no haber incorporado «en tiempo y forma» al planeamiento municipal el desarrollo urbanístico proyectado en la zona: 31 viviendas unifamiliares.
Jaume Roig se refiere al hecho de que la ley de ordenación del suelo que aprobó el PP la pasada legislatura habilitaba al Ayuntamiento a incorporar en su planeamiento el desarrollo de Benirràs y de otras zona afectadas por la protección aprobada por la izquierda en 2008, pero no se llegó a materializar. Precisamente, en esto se basaban primero el Tribunal Superior de Justicia de Balears, en mayo de 2015, y ahora el Tribunal Supremo, para descartar el pago de una indemnización a los afectados. El letrado de los propietarios de Benirràs informó al Supremo de la situación actual (la nueva ley que impide de nuevo edificar), pero el tribunal lo «ignoró» porque se debe limitar a resolver el objeto del recurso. «El escenario es insólito y difícil de asimilar y entender. Es inaceptable porque no se hace justicia. El resultado es sí y no al mismo tiempo», lamenta Roig.
Después de que el PP aprobara, en 2012, la ley que permitía sortear la protección de esta zona, el Ayuntamiento inició la modificación puntual de su planeamiento para incorporar su desarrollo, pero no la culminó antes de que el actual gobierno de izquierdas eliminara dicha legislación y consolidara la protección de este paraje.
Por ello, el letrado se plantea no sólo presentar una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Govern balear (por la ley que vuelve a blindar la zona), sino también contra el Ayuntamiento. Roig también insiste en «el perjuicio» que está causando a sus defendidos todo el tiempo transcurrido (el proceso judicial ha durado ocho años sin ningún resultado) sin que puedan edificar ni cobrar una indemnización: «Esto también se tiene que compensar».
«Hay que ponerse en la piel de los afectados, que, después de cumplir con todas sus obligaciones [urbanísticas] y que a día de hoy siguen pagando la contribución [IBI] de un suelo urbano, no pueden edificar. No es una situación de inseguridad jurídica, sino una injusticia palmaria y una demostración de la incapacidad de las instituciones a dar una solución a los administrados», destaca.
Valoración de 70 millones
De cara a la segunda reclamación de responsabilidad patrimonial que presentará contra la pérdida de los derechos edificatorios de sus defendidos tras la aprobación de la nueva ley urbanística, el letrado avanza que exigirá una indemnización mayor. En la anterior, los propietarios reclamaban el pago de 40,4 millones de euros, pero Roig explica que durante el proceso judicial ahora concluido, el Govern balear pidió un peritaje propio (lo hicieron técnicos de la propia Administración) que tasaba el valor de «la expropiación en unos 70 millones». «¿Qué sentido tendría ahora pedir menos?», cuestiona el letrado.
