El Consell instará al Govern balear a que modifique de forma urgente la ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Balears al objeto de que se aumenten las sanciones previstas. El pleno aprobó una moción de Podemos-Guanyem, con el apoyo del PSOE, para pedir que se recuperen las cuantías de las multas contempladas en la versión anterior de la ley y que se aplican en los casos de «incumplimientos de la legalidad de discotecas, beach clubs y similares».
Ahora, tras el cambio legislativo del PP, una sanción grave se puede sancionar con una cuantía de entre 1.001 y 10.000 euros y las muy graves oscilan entre los 10.001 y 100.000 euros. Sin embargo, anteriormente, dichas cifras se multiplicaban por seis, con un máximo de 600.000 euros.
El equipo de gobierno quiere que se restablezcan las cuantías más elevadas e imponer «multas ejemplares para acabar con la impunidad con la que el ocio nocturno se mueve en Ibiza», según la vicepresidenta, Viviana de Sans, quien destacó que los beach clubs y discotecas situados en suelo urbano causan «muchas molestias a los vecinos, llegando a alterar su salud». «Pueden llegar a amargar la existencia», dijo en referencia al exceso de ruido, entre otras cosas.
El portavoz del PP, Mariano Juan, advirtió de que la ley que se pretenden modificar no regula las sanciones por exceso de ruido. También dijo que la misma ley, aparte de las sanciones económicas, contempla «medidas más contundentes», como el precinto del establecimiento en el caso en el que el empresario persista en el incumplimiento de la normativa.
En este sentido, Juan preguntó «cuántos expedientes» ha abierto la institución. «Pensamos que esta propuesta es una cortina de humo para tapar su incapacidad de actuar contra las infracciones que se cometen», dijo Juan, quien justificó que el PP decidió, en 2013, rebajar la cuantía de las sanciones porque podían llevar a «la quiebra total a las empresas pequeñas».
Más personal para Costas
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad, a instancias del PSOE, solicitar al Gobierno central que dote de personal suficiente a la Demarcación de Costas de Ibiza para llevar a cabo sus funciones de vigilancia y control de las zonas de servidumbre de tránsito del litoral y hacer frente a los abusos que se cometen. El PP recordó que el Govern balear y el Consell también pueden ejercer tareas de control y abrir expedientes de infracción en esta franja del territorio. En este sentido, la consellera de Territorio, Pepa Marí, explicó que el celador de litoral de la Comunitat Autònoma ha abierto este año ocho expedientes (cuatro en 2016) y que en 2016 el Consell inició 47 expedientes de disciplina urbanística en general, no sólo de la zona de servidumbre de tránsito.
