Los ayuntamientos de Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni han perdido el pulso que mantenían con Abaqua, la empresa pública de la conselleria balear de Medio Ambiente sobre la deuda pendiente desde 2011 por la compra en alta del agua desalada y tendrán que abonarle 10,3 millones de euros. Un representante del Colegio de Economistas de Balears ha actuado de árbitro, tal como acordaron las partes, y tras analizar el convenio de 2008, avala las pretensiones económicas de la empresa pública de la Comunitat Autònoma.
El conflicto radicaba en los índices que empleó Abaqua para aplicar a partir de 2010 la subida prevista en el convenio. Dicho incremento se debía calcular con base a una fórmula vinculada al incremento del precio energético y el IPC. Sin embargo, los ayuntamientos se plantaron y se negaron a aplicar subida alguna al entender que las cantidades que exigía Abaqua eran muy elevadas y no estaban suficientemente justificadas. De hecho, los tres ayuntamientos encargaron a una consultora catalana un estudio sobre dicha subida y que concluía que la empresa pública de la Comunitat Autònoma aplicaba «arbitrariamente los índices que más le convenía».
Desde entonces, los ayuntamientos siguieron pagando por el agua desalada el mismo precio que figuraba en el convenio de 2008, a pesar de que este reconocía el derecho a aplicar una subida, a la espera de que se concretase la cuantía del incremento.
Abaqua exigía el pago de 12 millones de euros (de 2011 hasta 2015) y los ayuntamientos reconocían una deuda de nueve millones como máximo. No obstante, la fórmula empleada por el Govern, y que ahora avala el Colegio de Economistas, daba como resultado una mayor subida durante los primeros años de aplicación del incremento que en la actualidad, lo que ha reducido finalmente la factura a 10,3 millones, según el gerente de Abaqua, Antoni Garcias.
«No nos hace ninguna gracia»
El primer teniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina, lamenta que al final «por desgracia» el Colegio de Economistas de Balears haya dado la razón «en casi todo» a Abaqua. «Nosotros defendíamos que se tenían que usar unos índices determinados para calcular la actualización del IPC y el precio de la energía, pero el árbitro entiende que deben aplicar los mismos que figuran en el convenio con Codeisa, la empresa que gestiona las desaladoras», asegura.
Plan de pagos en el tiempo
Finalmente, el Ayuntamiento de Ibiza tendrá que pagar a Abaqua un total de 5,8 millones de euros, cuando reconocía una deuda de poco más de cuatro millones. «Nos perjudica y no nos hace ninguna gracia», indica Molina.
En todo caso, Vila no liquidará el débito «pasado mañana». «Me consta que no habrá problema alguno en acordar un plan de pagos en el tiempo», señaló Molina, quien apuntó que, como ya se sabía de antemano que al menos se tendrían que pagar unos cuatro millones, ya se estaban haciendo «cuentas» y buscando la vía para que «no fuera un palo para las arcas».
Los tres ayuntamientos afectados ya han avanzado que la liquidación de la deuda con Abaqua no repercutirá en un aumento de las tarifas de los usuarios. Sant Josep tendrá que pagar 2,5 millones a Abaqua, mientras que Sant Antoni 1,9 millones, según el resultado del informe del arbitraje del Colegio de Economistas.
Al margen del conflicto sobre la cuantía de la subida pendiente desde 2011, los ayuntamientos habían alcanzado previamente un acuerdo con Abaqua para fijar el precio del agua desalada de este año (2016) en 1,25 euros el metro cúbico. Este pacto ha obligado al Ayuntamiento de Sant Josep a aprobar una subida de la tarifa del agua del 15% de media, aunque con un incremento mucho más elevado para los que más consumen.
Subida de las tarifas en Vila
El Ayuntamiento de Ibiza también revisará próximamente al alza sus tarifas, que no se modifican desde 2009. Actualmente, el Consistorio paga el agua desalada a 1,13 euros el metro cúbico. «Ahora nos la facturarán a 1,25 euros. Hay una diferencia que hay que asumir y por la directiva europea del agua hay que repercutir el coste [en las tarifas]», resalta Molina.
El teniente de alcalde de Vila también reconoce que no le hace «ninguna gracia» tener que aprobar una subida de las tarifas en el municipio, pero puntualiza acto seguido: «Tenemos la obligación de hacerlo. Vamos a intentar que sea de la forma menos perjudicial para los ciudadanos, sobre todo para aquellos que consumen menos». En este sentido, Vila pretende seguir «el modelo de Sant Josep» para que los que más gastan paguen más. «Tiene lógica», dice.
Pese a que el precio pactado (1,25 euros) se aplica desde enero, el Consistorio aún no sabe cuándo llevará a pleno la subida de las tarifas (la comisión de precios del Govern tiene la última palabra). «Los técnicos lo están estudiando. Se va a hacer cuanto antes, pero no lo vamos a hacer corriendo con un resultado que no nos guste», indica.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni no prevé revisar sus tarifas porque ya lo hizo en 2012. «No está previsto un nuevo incremento, ya que, además, se está trabajando en la licitación del nuevo contrato en el que se podría mancomunar el servicio y unificar tarifas», justifica una portavoz del Consistorio.
