El proyecto de reforma del interior del puerto de Ibiza es legal, sigue adelante y además los arquitectos mienten. De esta manera respondió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Alberto Pons, a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto efectuadas por la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos justo el día en que se iniciaban las obras, el pasado martes.
En esencia, los arquitectos advertían de que los trabajos carecen de licencias, de proyecto de visado y además no han pasado por las comisiones del Pepri, que regula la urbanización en esta zona, y del Patrimonio del Consell, que debe velar por la integridad de los bienes protegidos.
Pons asistió por la mañana al II Foro de Turismo Ibiza en el Palacio de Congresos de Santa Eulària y, a preguntas de los periodistas, declaró al respecto de la denuncia de los arquitectos, con quienes precisamente tiene previsto reunirse hoy: «Lo siento pero mienten. Lo digo así de claro y contundente. La APB ha seguido la legislación portuaria propia y vigente que debe seguir. Punto».
«Creo que es arriesgado -añadió- intentar poner en duda la legalidad de la APB (?). No estoy cómodo con que se diga que la APB no sigue la legislación vigente. No es verdad. La seguimos a rajatabla».
Pons abundó en la denuncia colegial: «Quiero dejar claro que este proyecto lleva años encima de la mesa y no me parece de recibo que un día antes de iniciar las obras haya instituciones y personas que decidan o consideren que este proyecto no es adecuado. Cada uno entenderá las oportunidades que quiera ejercer con su responsabilidad».
Respecto a la legalidad del proyecto, señaló que en el organismo que preside aplican «unas leyes portuarias diferentes a las leyes administrativas de las ciudades» y es por las que se rigen. Y reiteró: «Hemos seguido los protocolos y los procedimientos administrativos a rajatabla».
Después de defender, una vez más, las virtudes del proyecto («estoy convencido de que el patrimonio y la imagen de la ciudad y del puerto se van a mejorar considerablemente», declaró), Pons anunció que accederá a la petición que el presidente del Consell, Vicent Serra, le ha transmitido de no iniciar los trabajos hasta que el Ministerio de Cultura les envíe por escrito (al parecer cuentan con el visto bueno «verbal») la confirmación de que el proyecto cumple la legalidad.
«Voy a ser sensible» con el Consell
Pero con un matiz: «Voy a ser sensible a la petición porque no cuesta nada esperar unos días a que llegue el informe. Eso no significa que vayamos a paralizar las obras, que ya están lanzadas, que han costado mucho y que ya se han licitado».
La paralización será entonces una «ralentización» de unos trabajos que, insistió, «tienen unos replanteos y una preparación». «Nos va a dar tiempo para recibir este informe, no vinculante, que despejará cualquier duda legal», aseveró.
Preguntado por los periodistas si el acto de replanteo, realizado el pasado martes, no implica de hecho el inicio legal de la obra, Pons reconoció: «Así es».
Horas más tarde, el organismo portuario emitió un comunicado para complementar las declaraciones de su presidente. «Las obras están autorizadas por el Ministerio de Fomento, se desarrollan en zona de dominio público portuario estatal, tienen carácter de interés general y están exentas de la obtención de licencia municipal», se explica en esta nota.
Además, la APB advierte de que el Consell de Ibiza no puede solicitar que se paren las obras que ya cuentan con informes favorables de la Abogacía General del Estado y de la Abogacía de la Comunitat, que ponen de manifiesto que la zona afectada por la ejecución del proyecto está fuera de las competencias, en materia de Patrimonio, de la institución insular.
El informe del Ministerio
El organismo portuario insiste en que ha solicitado un informe al Ministerio de Cultura para tener una nueva confirmación de que los trabajos proyectados no afectan la fachada marítima del puerto, considerada Conjunto Histórico Artístico desde el año 1969.
En este sentido, en la nota la APB expresa su extrañeza por la polémica, ya que «en las reuniones previas mantenidas entre la APB y los técnicos de la Comisión Técnica de Patrimonio no se expresó ninguna compatibilidad grave entre el proyecto y las exigencias patrimoniales de la zona».
Finalmente, el ente que gestiona los puertos estatales defiende el inicio de las obras durante el presente mes de octubre para así cumplir el objetivo de finalizar los trabajos antes de que empiece el verano de 2015 y «evitar los inconvenientes que el retraso de las obras causaría a los comerciantes».
