El Partido Popular no quiso pronunciarse ayer oficialmente sobre la imputación de un exconseller y tres concejales del PSOE y ExC por diversas irregularidades en la gestión del proyecto municipal Eivissa Crea. Esta imputación, efectuada a instancias de la Fiscalía, es consecuencia de una denuncia anónima efectuada hace cuatro años detallando supuestas actuaciones ilegales en las que estaban involucrados diversos cargos públicos y funcionarios.
La diputada autonómica Virtudes Marí, portavoz del PP en la oposición del Ayuntamiento de Ibiza durante el anterior mandato y que como tal denunció otro asunto cuya investigación se ha acumulado a la misma causa, avanzó ayer que el partido hablará sobre el caso probablemente después de una reunión que celebrarán el lunes.
La denuncia anónima, muy pormenorizada, dio lugar a una exhaustiva investigación de la Fiscalía y a unas diligencias judiciales que se mantuvieron bajo secreto de sumario hasta hace dos días. Ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha imputado al exconseller insular de Trabajo e Industria Joan Serra Mayans, del PSOE, y a los concejales progresistas del Ayuntamiento de Ibiza Enrique Sánchez, Alfonso Molina y Vicent Ferrer. La imputación se sostiene en su supuesta participación en una trama para contratar empresas y servicios de forma irregular a través del proyecto Eivissa Crea y del vivero de empresas municipal.
En la misma causa se investiga además si se pactó la afiliación al PSOE de 39 personas de etnia gitana pertenecientes a la Iglesia Evangélica Filadelfia a cambio del pago del alquiler del local que utilizaban para sus celebraciones religiosas en Cas Serres. Según se recoge en la denuncia, esto habría supuesto un desembolso de 80.000 euros (20.000 euros durante cuatro años).
Una pieza separada de otro caso
«Cuando conocimos esta posible prevaricación, la denunciamos. El juzgado nos comentó que formábamos parte de una pieza separada en otro caso pero desconocíamos, hasta ayer (por el jueves), la existencia de una denuncia anónima, que no ha salido a la luz hasta que se ha levantado el secreto de sumario», aclaró ayer Virtudes Marí. «Desconocemos quién ha presentado el anónimo. Después de nuestra denuncia comenzó una investigación de la Fiscalía y luego la juez imputó a estos cuatro cargos», aseguró la diputada autonómica.
La denuncia anónima contra varios cargos políticos de PSOE y ExC, que ha acabado propiciando la imputación de cuatro de ellos por actuaciones llevadas a cabo en la última legislatura que gobernaron tanto en el Consell como en el Ayuntamiento de Ibiza, incluye una amplia lista de presuntas irregularidades, entre las que destacan el cohecho, el desvío de fondos públicos y las contrataciones «a dedo». Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario una vez que se ha levantado el secreto de sumario, además de estos cargos públicos podrían estar implicados funcionarios y empresarios.
La denuncia sostiene que hubo manipulación y designación de tribunales, selección de personal a dedo, coacciones, despidos improcedentes, prestación ilícita de trabajadores, negociaciones prohibidas, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En ella se detallan varios contratos realizados sin cumplir supuestamente las prescripciones legales.
La juez tendrá que tomar declaración ahora a los imputados y determinar si efectivamente hubo actuaciones delictivas en los hechos denunciados.
