Los visitantes no son bienvenidos al núcleo duro de sa Penya, la manzana más conflictiva del barrio, situada entre las calles Alt y Retir. Al menos esa es la sensación que se tiene al aproximarse allí bordeando el baluarte de Santa Llúcia: el alambre de espino alrededor de las barandillas de una de las terrazas llama la atención y hace pensar en una zona de guerra. En el suelo, como recuerdo de las todavía cercanas navidades, el hueso desnudo de un jamón. Junto a él pasa veloz un gallo que corretea suelto en dirección a un mirador. Al asomarse se descubre un acantilado infestado de deshechos. Es el mismo que las brigadas municipales limpian en sucesivas jornadas para descubrir, al día siguiente, que los desperdicios vuelven a decorarlo. Ahora mismo se pueden encontrar allí varios colchones y somieres, una silla, espumillón postnavideño, un tablero de ajedrez, un ventilador, numerosos botes de pintura, una garrafa, un carro€ todo ello aderezado con decenas de bolsas de basura. Hay concejales que piensan que el constante vertido de residuos en pleno Patrimonio de la Humanidad es una estrategia de los clanes residentes en este barrio para alejar a toda persona ajena al vecindario y mantener así un gueto que las autoridades locales llevan décadas intentando suprimir sin éxito.
El gueto está considerado epicentro del tráfico de estupefacientes en la isla y un nido de actividades marginales. El Ayuntamiento de Eivissa intenta regenerar la zona mediante un proyecto urbanístico con el que se remodelará esta manzana (llamada UA27 en el Plan General de Vila), en la que se concentran 35 infraviviendas de diminutas dimensiones y penosas condiciones de habitabilidad. El Consistorio lleva ya varias legislaturas intentando recuperar el barrio y volver a integrarlo en la ciudad. La parcela en cuestión está flanqueada por la renovada Casa Broner y por lo que debía ser el centro artesanal de sa Pedrera (que ningún colectivo se ha atrevido a ocupar hasta la fecha). Está previsto que los habitantes de esta manzana sean desalojados este mismo año y sus viviendas, reformadas para transformarlas en 14 pisos de mayor tamaño y de promoción municipal. Sin embargo, dado el aspecto actual del barrio (no solo de la ´manzana podrida´ sino también de las calles adyacentes) resulta difícil de creer que alguien quiera mudarse a vivir allí. Sí lo hicieron los inquilinos de las tres viviendas de protección oficial levantadas en otro tramo de la calle Alt y la calle Vista Alegre. El pasaje que une ambas calles, bajo los inmuebles, se camufla con el entorno gracias a coloridos grafitis que disimulan su blanco original. Frente a esta promoción, en el chaflán de la manzana tóxica, un cuadro eléctrico exterior aparece rodeado de excrementos, vasos de tubo sucios y los restos de una bolsa de ositos de gominola.
Al girar la esquina, de una de las casas de la calle Retir sale un niño de unos cinco años, sin zapatos, que en calcetines corre sobre el agua que baja por la calzada después de que una vecina la haya limpiado a manguerazos. En estas 35 infraviviendas vive una decena de familias según los responsables municipales. Solo a cinco se les reconoce como propietarios, el resto son considerados okupas o a lo sumo residentes con derechos legales. Los vecinos reconocen que hay más de treinta niños viviendo en esa manzana. Ayer mismo, a mediodía, correteaban por las dos calles cerca de una decena de niños en edad de estar escolarizados.
En el mirador dos hombres permanecen de pie, con las manos en los bolsillos. Aseguran que no son vecinos de la zona. Observan a otros que, con cuatro pilares de cemento, están levantando una altura más en una de las viviendas de la calle Alt.
Tres millones de euros
La alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, aseguró el mes pasado, tras el último pleno municipal, que solo las cinco familias que pueden demostrar ser propietarias tienen derecho a ser realojadas y para ellas se han reservado algunas de las viviendas de protección oficial de la calle Es Jondal , en Can Cantó. El Ayuntamiento no está obligado a proporcionar alojamiento a quienes ocupan inmuebles de forma ilegal, pero desde la institución se busca una salida para estas personas. «No podemos dejarles en la calle y menos cuando se trata de familias con niños», aseguraba hace unos meses la teniente de alcalde, Lina Sansano. En la última junta del consorcio del Patrimonio se aprobó una partida de casi tres millones de euros para indemnizar a quienes serán expropiados, es decir, a quienes se reconoce como propietarios. Sánchez-Jáuregui señaló que el desalojo se producirá tras abonar las indemnizaciones, para que estos vecinos puedan adquirir nuevas viviendas y añadió que los pagos se efectuarán este mismo mes. A partir de ese momento comenzarán los correspondientes desalojos y realojos. «Todo el mundo está avisado. Espero que no haya que recurrir a medios legales para sacarlos. Si hay incidencias, las afrontaremos», advertía la alcaldesa hace dos semanas.
Pero en el barrio aseguran no tener noticia alguna del Ayuntamiento. Nadie ha recibido una oferta económica concreta como indemnización ni una propuesta para trasladarse a otra residencia. Explican que hace dos años los reunieron a todos, propietarios y no propietarios, en Can Botino. Desde entonces afirman no haber vuelto a tener ningún encuentro con los responsables municipales. «Le preguntamos siempre al policía de barrio, pero nos dice que aún no sabe nada y que los trámites van para largo», apunta Dolores, vecina de la calle Alt. Siempre lo van atrasando y dicen el mes que viene, el mes que viene€», denuncia. Es cierto. En junio de 2010 el Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE-Pacte, aseguraba haber realizado una «minuciosa búsqueda» que había permitido «localizar a todos los propietarios» de los inmuebles para notificarles la expropiación y proclamaba que su objetivo era que la UA27 fuera de propiedad municipal en la primavera de 2011. Ha llovido mucho y ahí siguen las infraviviendas.
Futuros desalojados
En el mismo mes en el que se supone que se ejecutarán las expropiaciones, nadie en el barrio se da por avisado y todo apunta a que el Consistorio necesitará finalmente «medios legales» para cerrar esta delicada operación.
Sentado al sol al principio de la calle Retir hay un hombre enjuto, con bigote, que viste una chaqueta de chándal de un llamativo color rojo. No da su nombre, pero explica que llegó a la isla desde Granada cuando todavía era un veinteañero. Ya ha cumplido los 58 y asegura que lleva más de tres décadas viviendo en la misma pequeña planta baja. No tiene trabajo «desde hace tres o cuatro años»: «Vas a pedir y te dicen que no, llega un inmigrante y le cogen», argumenta. Con él viven su mujer y cuatro de sus seis hijos. «Como podemos, uno encima de otro», cuenta con amabilidad y una sonrisa. No explica si es propietario del inmueble en el que vive, pero afirma airado que con él no ha hablado nadie, ni le han ofrecido dinero ni otro lugar al que irse. «Si entran las máquinas nos vamos todos a vivir a la puerta del Ayuntamiento», plantea como opción de futuro ante el desalojo.
De una de las viviendas sale una joven de 20 años en pijama. Tampoco da su nombre. Vive en la calle Retir desde niña, asegura que su madre paga un alquiler: «Como casi toda la gente aquí, pero nadie nos ha informado ni nos ha ofrecido nada. Sabíamos que iban a tirar las casas, pero nada más. Dijeron que a los que tenían casa propia les darían una». No es su caso. No sabe dónde irán cuando sean desalojadas, aún no lo han pensado. Se gira y se dirige a casa de la vecina de enfrente, que también vive en la calle Retir, pero no en la manzana expropiada. Le grita: «¡Rosita, que nos tiran las casas!». Un comentario frecuente entre el vecindario. En algunos casos madre e hija viven en la misma calle, pero una en el bloque que será reformado y otra en la fachada contraria, por lo que no tendrá que salir del barrio: «Tú nos verás marcharnos cuando nos desalojen», le espeta con sorna a esta joven una vecina.
En la calle Alt tres mujeres, de etnia gitana como casi todos los habitantes de esta zona, se quejan de que la vía está a oscuras desde hace tres meses, cuando se estropeó la farola. Aseguran que han avisado a la Policía «un montón de veces, pero pasan de todo». Se sienten en un gueto, pero culpan al Ayuntamiento. Critican que haya instalado una jardinera de grandes dimensiones en la entrada a sa Pedrera que dificulta el acceso «a ambulancias, bomberos y coches de gran tamaño». Este elemento urbano está vacío, sin plantas. Una de las mujeres, de riguroso luto, perdió a su madre hace una semana. Su vecina Dolores explica que mientras estuvo enferma la mujer iba en silla de ruedas, que hubo que llamar a la ambulancia muchas veces y que tardaban en asistirla por las dificultades para acceder a esta calle, de las que culpan a la jardinera en cuestión.
Dolores es una de las pocas propietarias de un inmueble en esta manzana. En realidad la casa pertenecía a los difuntos padres de su marido y éste intenta demostrar que es el legítimo heredero ante la imposibilidad de localizar a otro hermano. «El Ayuntamiento dijo que ya nos lo arreglaría. Yo tengo claro que hasta que no tenga todo en regla con ellos de aquí no me mueven ni con una grúa. No me van a poner en la calle y menos con mi marido enfermo», sentencia Dolores, poco dispuesta al desalojo. «Tienen que dar una solución, somos personas. ¿Pero dónde van todas estas criaturas sin casa? Uno sordomudo, otro diabético, otro sin trabajo y esta con lo que viene en camino», argumenta señalando el vientre de Andrea, una joven gitana de 23 años que espera su primer hijo. Su marido, de 33 años, es también vecino de la calle Alt y se conocen de toda la vida. Él afirma que hace unos años les hicieron «llevar papeles para recibir unas ayudas», pero después les informaron de que «el plazo ya había pasado».
Llega una vecina cargada con bolsas de compra y Dolores le pregunta cuánto tiempo lleva en el barrio: «Unos diez años, primero en el número 19 y ahora en el 21, en casa de mi abuela». La casa no es exactamente de su abuela. «Estuvimos pagando un alquiler, pero no sé qué le ha pasado al dueño. Se habrá muerto porque dejó de venir y no le hemos visto nunca más», relata. Se llama también Dolores, tiene 29 años y tres niños (de 3, 7 y 9) que están en el colegio. Otros no.
Una de sus vecinas, de unos ocho años, se acerca pedaleando hacia la cámara: «Fotos, no, ¿eh? Fotos, no».
«Cuando llegué solo había payeses, fuimos la primera familia gitana del barrio»
Los gitanos de sa Penya presentan una suerte de alergia a las cámaras de fotos. Todos se niegan a ser retratados, aunque algunos alegan razones culturales. «Los gitanos es lo que tenemos. No decimos los nombres de las personas cuando ya han muerto y no se nos puede hacer fotos cuando estamos de luto», señala Dolores para justificar a su vecina, completamente vestida de negro porque acaba de perder a su madre. La enlutada explica que su padre, Juan, sigue vivo y que ella, que llegó al barrio con ocho meses, tiene ahora 48 años y 12 nietos, cuatro de los cuales viven en su casa de la calle Alt. «Cuando yo vine había grifos en las calles y un lavadero nuevo. No había gitanos, solo payeses y pescadores en la calle de la Virgen», relata sobre las lindezas de sa Penya antaño. Cuenta que la suya fue una de las cuatro primeras familias gitanas que se instalaron en este barrio del casco histórico y que su madre era por aquel entonces la única de esta etnia que vivía en la calle Alt. «Aquí me casé, tomé la comunión, nacieron mis hijos€», recuerda. Entre su casa y la de Dolores, en el número 17, vive una familia de origen marroquí. El padre no entiende muy bien el español, pero Rashida, la mayor de sus cuatro hijos, de 26 años, habla por él. Cuenta que su progenitor se instaló en la isla en 1992 y que el resto de la familia llegó en 2003. Ahora viven seis personas, el matrimonio y sus cuatro hijos, en un piso con «dos dormitorios pequeños». «Estamos esperando a ver qué pasa», apunta sobre el desalojo.
la suciedad preside el barrio por muchos manguerazos que las vecinas den a las callesAspecto que presentaba ayer el acantilado de sa Penya, situado junto a la polémica manzana, cuya situación no mejora a pesar del trabajo de los operarios de limpieza. Un perro orina junto a una paellera en la calle Alt. Al menos seis canes campaban ayer por esta vía. Placa de la calle Retir. Cableado eléctrico bañado en moho en la calle Retir. Los vecinos del barrio denuncian que esta jardinera, en sa Pedrera, impide el acceso de las ambulancias. Cuadro eléctrico rodeado de basura y excrementos. f juan antonio riera
Algunos residentes en las infraviviendas conversan en la calle Alt.
